C. Lic. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de la República Mexicana
Gral. Guillermo Galván Galván
Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional
A la opinión Pública:
Con motivo del asesinato de Víctor de la Paz Ortega Estudiante del Colegio de Bachilleres, de 17 años de edad a manos de soldados del Ejercito Mexicano, ocurrido el pasado 11 de enero de 2008, en Huetamo, Michoacán, las organizaciones abajo firmantes desean manifestar su profunda preocupación a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño - ratificada por el Estado Mexicano en 1990 y recogida en el marco jurídico nacional misma que ampara a toda persona menor de 18 años de edad- y de las más recientes observaciones y recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU dirigidas a México en junio de 2006.
Diversas informaciones periodísticas dan cuenta de informaciones que no reflejan la versión oficial. La información emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) como por diversos medios de comunicación, y funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de que reflejan contradicción en la versión oficial, muestran una violación de los derechos de Víctor de la Paz Ortega en su condición de persona menor de edad.
A la luz de esta información contradictoria, deseamos manifestar que:
- A lo largo de décadas, diversos gobiernos en México y en otros países de América Latina han pretendido minimizar los riesgos de este tipo de operativos para los derechos humanos en general y de la infancia en particular, incluso protegiendo a los perpetradores y sosteniendo versiones difíciles de probar y creer cuando se asesinan a personas.
- Este asesinato se suma a una cadena de hechos que muestran el grave impacto que tienen las políticas de seguridad pública adoptadas por la administración actual para la seguridad y los derechos humanos.
- Si de por sí resultan ya graves los casos de violencia institucional ejercida en contra de la población en general en el marco la Campaña Permanente contra el Narcotráfico, esto es más grave aún cuando se trata de personas que son consideradas niños por la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU como es el caso del asesinato de Víctor de la Paz Ortega.
- El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño obliga al Estado mexicano y a todas las autoridades a proteger al niño contra toda forma de violencia, mientras que el artículo 6 del mismo Tratado consagra el deber del Estado de preservar la vida del niño y garantizar en la máxima medida posible su supervivencia y desarrollo.
- En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño se ha expresado en numerosas ocasiones en contra de los países en donde el uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios públicos y militares motiva la violación a estos derechos y culmina en el asesinato. En 1994 este Comité señaló a México que : al Comité le inquieta el gran número de denuncias de malos tratos de niños atribuidos a la policía o al personal de seguridad o militar, así como el hecho de que no se hayan tomado medidas eficaces para castigar a las personas declaradas culpables de estas violaciones o para hacer público su castigo eventual; esto puede dar lugar en la población al sentimiento de que la impunidad es la norma y de que, por lo tanto, es inútil o peligroso formular denuncias ante las autoridades competentes. CRC/C/15/Add.13. p. 10 1994
- Derivado de la observación el Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomendó al Estado Mexicano intensifique su acción contra toda violencia que se traduzca en malos tratos de los niños, en particular cuando sea cometida por los miembros de las fuerzas de policía y los servicios de seguridad así como los militares. El Estado parte debería garantizar que los casos de delitos cometidos contra niños por los miembros de las fuerzas armadas o la policía sean juzgados ante tribunales civiles. CRC/C/15/Add.13. p. 17 1994.
Es desde este marco que las organizaciones abajo firmantes demandamos:
- La imparcialidad en la investigación de los hechos de parte de las autoridades competentes para que se realice una investigación a fondo que lleve a la sanción de los responsables del asesinato de Víctor de la Paz Ortega.
- El respeto pleno de parte de autoridades militares y policiacas a los Tratados Internacionales, ratificados por el Estado mexicano, en particular a la Convención sobre los Derechos del Niño en cualquier política de seguridad pública.
- El fin de políticas de seguridad pública que ponen en riesgo la integridad y la vida de niñas y niños y de la población en general. En particular demandamos que estas tareas dejen de ser realizadas por parte del Ejercito Mexicano.
- La indemnización a la familia de Víctor de la Paz Ortega y la protección de los derechos de Juan Carlos Peñaloza García.
- La capacitación a los operadores de seguridad pública a nivel federal en materia de Derechos Humanos y de Derechos de la Infancia en Particular.
- La realización de estudios especializados sobre el impacto que tiene la presencia de operativos militares y policiacos para la vida y desarrollo de la infancia en el país.
- La creación a nivel nacional de una Defensoría Independiente para los Derechos de la Infancia, encargada de investigar con imparcialidad e independencia los casos de violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes, en la línea de lo que establece la recomendación del párrafo 11 de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU al Estado Mexicano de 2006 y de su Observación General no. 2 sobre el papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño.
Atentamente,
Red por los Derechos de la Infancia en México
Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C.
|
