Diversas Organizaciones de la Sociedad Civil de esta ciudad presentaron ayer una queja formal ante la Comisión Estatal del Derechos Humanos para que resuelva si existe la violación a los derechos Humanos de los niños y adolescentes de la ciudad por la implementación del “toque de queda” en varias colonias y en el centro de ciudad Juárez.
En el documento, las organizaciones solicitaron al primer visitador de la CEDH, Jaime Flores Castañeda, que de ser procedente, dicte medidas cautelares a favor de los ciudadanos menores de edad que pudieran resultar afectados por la medida policíaca.
De acuerdo a la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en los próximos días la visitaduría de la CEDH en Juárez deberá decidir si radica la solicitud hecha por las organizaciones de la sociedad civil e iniciar el procedimiento que terminará con una recomendación a la autoridad municipal o con un acuerdo de no responsabilidad.
Según el documento presentado ante la CEDH y firmado por cinco representantes legales de igual número de organizaciones legalmente constituidas, además de quince ciudadanos miembros de diversas organizaciones civiles, la medida ejercida por agentes de la policía municipal, viola diversos artículos de la Constitución federal mexicana además de las Convención Internacional Sobre los derechos del Niño y de la Ley de Protección de Derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Las organizaciones que signaron la solicitud ante la CEDH en ciudad Juárez son la Organización Popular Independiente A.C., el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C., el Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C., Caritas Diocesana de Ciudad Juárez, A.C.
Aseguran los solicitantes que desde el pasado 9 de mayo de 2007, la autoridad municipal, específicamente la policía municipal, implementa operativos en diversas colonias de la ciudad donde realiza detenciones de menores de edad, es decir, de adolescentes, niñas y niños, sin que exista la comisión de delito o falta administrativa que así lo amerite.
Las organizaciones aseguraron a la CEDH que un toque de queda, o programa de seguridad pública que obliga a un ciudadano a permanecer en su casa, temporal o definitivamente, y que se le detiene, asegura o arresta, es decir, que se le priva de su libertad y que además se le puede aplicar algún tipo de multa o sanción sin que exista la comisión de un delito o falta administrativa, es violatorio de derechos humanos porque se opone al ejercicio de las garantías constitucionales.
Un programa de esta naturaleza, dice el documento, implementado por una autoridad y que se aplica de manera general a una población geográficamente ubicada, implica la suspensión de las garantías individuales lo cual es una facultad reservada para el Presidente de la República, de acuerdo al artículo 29 constitucional.
Al respecto, el artículo 1º de la propia Constitución en su primer párrafo establece que: "en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece." En consecuencia, la Constitución no permite, y por lo tanto, prohíbe, que alguna autoridad no facultada constitucionalmente implemente la suspensión de una o varias garantías individuales.
Por otra parte, un programa como el que se comenta viola igualmente la garantía constitucional de no discriminación por estar dirigida a un solo sector de la población excluyendo otros sin una razón jurídicamente fundamentada.
Según las organizaciones quejosas, la medida implementada por la Policía Municipal, solicitada por algunos padres de familia y avalada por algunas autoridades, también viola los derechos de los niños y adolescentes contemplados en La Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, la cual obliga a tomar en consideración la opinión de los niños y adolescentes en todos los asuntos en los que sean involucrados, como es el caso del “toque de queda”.
De la misma manera obliga otorgar a los niños y adolescentes los mismos derechos que a los adultos, como el derecho al libre tránsito, a no ser detenido arbitrariamente, a la presunción de inocencia, al derecho a la defensa, a estar con su familia, al juego, a la educación, entre otros.
Firman
Organización Popular Independiente AC
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte AC
Centro de Asesoría y Promoción Juvenil AC
Caritas Diocesana de Ciudad Juárez AC
Red por los Derechos de la Infancia en México
Vicente Hernández Aguirre
Mariela Arzola Martínez
Alejandro Rayas Torres
Jorge Alberto Gaytán
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