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REDIM pide a Presidencia una reunión para hablar sobre la crisis que enfrenta la garantía de derechos de la infancia

  • Una década pérdida en la lucha contra el crimen organizado, donde quienes más han sido afectados son las niñas, niños y adolescentes.
  • Aún faltan recursos económicos, mecanismos y voluntad política para que los Sistemas de Protección a nivel nacional funcionen.
  • Es posible hacer un ajuste presupuestal en el primer trimestre del año, que permita etiquetar presupuesto suficiente para garantizar los derechos de la infancia y la operación del SIPINNA.

#REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México destacó durante su Balance Anual los avances en la instalación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), empero, resaltó la falta de presupuesto para su operación a nivel nacional, estatal y municipal. Aunado a ello y con la finalidad de iniciar un diálogo productivo entre sociedad civil y gobierno sobre la crisis de derechos humanos que hay en el país, solicitó una reunión con el Presidente de la República a fin de que ratifique su compromiso con el Sistema y con la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia.

En este marco Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la REDIM lamentó que esta haya sido una década perdida en la lucha contra el crimen organizado. Cerca de 2 mil niñas, niños y adolescentes (mil 846 de diciembre de 2010 a mayo de 2016) han perdido la vida por alguna causa violenta presuntamente relacionada con la lucha contra el crimen organizado de acuerdo con el seguimiento hemerográfico realizado por REDIM.

Mencionó que de 1990 a 2015, 30 mil niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años fueron víctimas de homicidio. Sólo durante el año 2015 hubo más de 1000 homicidios de niñas, niños y adolescentes. Respecto de los datos de niñez desaparecida de 2006 a 2014 de registros indican que el 30 por ciento son menores de edad, en el segmento de 15 a 17 años ocho de cada diez son mujeres y en el grupo de cero a cuatro años de edad, 6 de cada 10 son varones.

Aunado a ello, destacó que el 53% de las niñas, niños y adolescentes en México son pobres, esto es, cerca de 22 millones, de los que 4.7 millones son viven en pobreza extrema por lo que el impacto del incremento a los combustibles afectarán de forma importante a este grupo de la población. En este sentido, Alicia Vargas, Directora del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social y Presidenta del Consejo Directivo de REDIM dijo que la crisis económica, derivada del incremento en el precio de la gasolina, indudablemente tendrá un impacto en la vida de niñas y niños y en su empobrecimiento lo que podría incrementar también el número de personas menores de edad que tengan que trabajar para ayudar a sus familias, lo que representa un desafío nacional.

Durante  la conferencia de prensa, representantes de REDIM mencionaron que uno de los logros en esta agenda es que a un año de haber sido instalado del SIPINNA ya se han establecido los 32 Sistemas estatales y cerca de 900 municipales. A la fecha se han tenido lugar dos sesiones con la presencia del Presidente de la República, pese a ello, a nivel estatal la mayor parte de las entidades de la República no destinaron presupuesto a sus sistemas. Como un retroceso en el reconocimiento de las niñas y niños como sujetos de derechos, señalo que 10 de los 32 sistemas son operados por el DIF lo cual es contrario a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA)

Respecto de la participación de la sociedad civil en esta nueva institucionalidad, la LGDNNA logró una fuerte participación ya que a nivel federal ocho organizaciones forman parte del sistema con voz y voto, pero en las entidades federativas no se ha logrado este reconocimiento a su experiencia y la selección se ha guiado por otro tipo de intereses. Acerca de la participación de niñas, niños y adolescentes hasta la fecha no se cuenta con los mecanismos para que esta ocurra de forma real donde sus voces sean escuchadas con seriedad y donde sus planteamientos tengan no tiene una respuesta.

Acerca de la violencia infantil, Gabriela Escobar de Fundación Juconi, refirió que el 51 por ciento de las niñas, niños y adolescentes han sufrido alguna forma de evidencia física 25 por ciento de ellos violencia grave; en este idea dijo que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha resaltado que no hay políticas públicas que prevengan la violencia infantil al interior de los hogares y que aun cuando la LGDNNA la visibiliza es necesario un cambio cultural que dé cuenta, entre otras cosas, que el castigo corporal no es una forma de disciplinar a los hijos e hijas, contrario a ello hay Estados que permiten el maltrato infantil. Concluyó mencionando que es una responsabilidad del Estado brindar herramientas a las familias así como establecer políticas públicas que fortalezcan a las familias en el trato a sus hijas e hijos, tema que no ha sido atendido por la Secretaría de Salud aun cuando la violencia familiar es un problema de salud pública.

Laura Martínez, Directora de la Asociación para el Desarrollo de Personas Violadas A.C., indicó que otra problemática asociada es la violencia sexual, sigue siendo muy alta en las niñas y los niños principalmente cuyas edades oscilan entre los 3 y 5 años, pese a lo cual las instituciones no han dado respuesta particularmente en acceso a la justicia. Laura Martínez mencionó que “de cada cinco niñas y niños, cuatro están viviendo una situación de violencia sexual”, sin embargo aún no existen protocolos de intervención adecuados para abordar el problema con niñas y niños víctimas.

Al referirse a las problemáticas que aquejan a niñas y niños, Nisaly Brito, Directora Ejecutiva de Commenta Dialogo de Saberes, explicó que respecto de la infancia callejera, uno de los desafíos es romper el círculo intergeneracional de la pobreza y establecer políticas públicas que sienten las bases para que niñas y niños no hereden la pobreza de sus madres o padres y en particular no hereden el espacio público como la única alternativa de sobrevivencia, así como mirar desde el enfoque de género las particularidades que viven las niñas y las adolescentes en calle quienes sufren de una mayor discriminación ante la suma de factores por su edad, género y condición social. Uno de los grandes pendientes es la creación de la Ley General de Derechos de las Poblaciones Callejeras con perspectiva de género que permitirá institucionalizar acciones a favor de sus derechos, entre ellos, el derecho a vivir en familia y considerar las medidas institucionales por menor tiempo posible. Uno de los avances fue la Audiencia Pública que mujeres y adolescentes integrantes de la población callejera tuvieron con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y donde se adquirieron diversos compromisos.

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