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REDIM: De confirmarse actos de corrupción y decesos de niños con cáncer, los hechos en Veracruz podrían configurar como crimen de Estado

  • Indispensable que la investigación la realicen autoridades independientes y que los resultados sean comunicados a la población.
  • La averiguación debe involucrar todos los niveles de gobierno y sancionar a quienes resulten responsables.
  • Se debe brindar atención a niñas y niños víctimas de este fraude, así como apoyar a las familias que requieran atención médica.

 

La información dada a conocer sobre niños con cáncer que recibieron quimioterapia con agua destilada en el Estado de Veracruz debe ser investigada a la brevedad por autoridades independientes, quienes consideren a todas las personas implicadas de los diferentes niveles de gobierno, deslinde responsabilidades y sancione a quienes resulten culpables de este fraude. Asimismo, será importante valorar que el caso sea atraído por la Procuraduría General de la República (PGR) y revisar su vínculo con expedientes similares.

Desde #REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México, consideramos que este es un acto de corrupción y desvío de recursos públicos que afecta directamente a niñas y niños y que de confirmarse, deberá ser configurado como un crimen de Estado. En este contexto, hacemos un llamado a quienes hayan resultado afectados a presentar las denuncias correspondientes y al Gobierno del Estado a brindarles seguridad y apoyo, así como garantizar la atención con personal capacitado, medicamentos de calidad e instalaciones adecuadas a niñas, niños, adolescentes quienes reciben tratamiento contra el cáncer y otros padecimientos.

De acuerdo con la información los hechos ocurrieron en el Centro Estatal de Cancerología donde niños recibieron agua destilada en lugar del medicamento que debía ser suministrado contra el cáncer, atentando con ello en contra de su salud y su vida, colocando los intereses económicos por encima de su bienestar. Este hecho discrimina nuevamente a niñas y niños pobres de familias cuya situación económica les obligaba a solicitar este servicio público y que al mismo tiempo ha permitido que este hecho quede impune.

Ante lo descrito, recordamos que es una obligación del Estado investigar toda la cadena de responsabilidades lo cual obliga a considerar a las y los implicados –así como su conocimiento o no del fraude- en la compra y revisión de los medicamentos, su prescripción y aplicación, así como el seguimiento al niño o niña a quien fue suministrado.

Hacemos el exhorto al Estado de Veracruz para que involucre al Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y al Instituto Nacional de Pediatría (INP) en las investigaciones para revisar la situación, así como para apoyar a las familias que lo requieran. Es urgente frente a la información dada a conocer, determinar la situación de la garantía del derecho a la salud de niñas y niños en el Estado de Veracruz así como identificar y atender a la brevedad los vacíos que permiten la violación reiterada de este derecho.

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