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REDIM reitera llamado a reunión urgente con el Presidente de la República para que desde SIPINNA se defina la política de protección integral

  • El operativo “mochila segura” criminaliza a las y los adolescentes y coloca la responsabilidad en las víctimas, las familias y las escuelas sin resolver reconocer la responsabilidad del Estado.
  • La propuesta violenta el principio de presunción de inocencia que debe prevalecer en todos los Estados democráticos.
  • Debemos avanzar en la construcción de comunidades educativas basadas en el buen trato y la transformación positiva del conflicto.

 

El operativo “mochila segura” no es una solución para atender y prevenir los casos de violencia en el espacio escolar que se encuentran enraizados en problemas complejos como la violencia, la ruptura del tejido social, la impunidad y la inseguridad; violenta el derecho a la intimidad, la seguridad jurídica, no discriminación e interés superior.[1] Atender de fondo esta problemática implica revisar las raíces estructurales de la violencia que se vive en nuestro país, tales como el modelo económico que hace más profundas las desigualdades sociales, así como la estrategia con la que se ha enfrentado al crimen organizado.

Preocupa la declaración del Presidente de la república en el sentido de que se ha instruido a la Secretaría de Educación Pública a “que se profundice en las medidas y protocolos que hoy siguen en las escuelas” en referencia a las revisiones al alumnado, así como el llamado a profundizar en aquellos protocolos que inhiban la introducción de armas o de cualquier otro elemento en los centros educativos del país.

En este sentido, señalamos la importancia de que sea el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) presidido por el mismo Peña Nieto, quien con las atribuciones le competen, formule la política pública encaminada a garantizar una vida sin violencia.

Desde #REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México, destacamos que nuestro país ha vivido bajo un contexto de militarización de la seguridad pública y criminalización de la protesta social e impunidad durante los últimos 10 años e invariablemente ello ha tenido efectos en la vida de niñas, niños y adolescentes entre ellos la normalización de la violencia.

Consideramos que la aplicación del operativo señalado no previene ni protege a niñas, niños y adolescentes; tampoco la portación de armas, ya que está dirigidas a las consecuencias y no a las causas. Focalizar el programa sólo en las escuelas, omite invertir en acciones de política pública dirigidas a la prevención y atención. El operativo realizado en la Ciudad de México instruido por el Jefe de Gobierno y donde se utilizó a 12 mil policías para revisar 8 mil escuelas es insostenible y violatorio de los derechos por lo cual ya tiene quejas ante el Consejo para Prevenir la Discriminación (COPRED DF).

Señalamos además que hasta la fecha no se han dado propuestas de política pública donde se incorpore a niñas, niños y adolescentes a través de la participación, no se les considera como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho[2] pese a que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes promulgada el 4 de diciembre de 2014 señala que se debe considerar su opinión en los temas que les afectan:

“Artículo 72.- Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen.”

Frente a esta problemática desde REDIM recordamos al Presidente de la República que sigue pendiente la tercer sesión del SIPINNA cancelada el pasado 5 de diciembre y le conminamos a realizar dicha sesión a la brevedad, reiteramos además la solicitud de REDIM para tener una reunión para abordar la crisis que enfrenta la garantía de derechos de la infancia en nuestro país. Asimismo hacemos un llamado a:

  • Al  Presidente de la República, a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a instalar de forma inmediata una mesa de trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y el Sistema de Naciones Unidas (ONU) a fin de analizar y definir el gasto público que se debe orientar para dicha implementación. Recordamos que la SHCP tiene la potestad de realizar ajustes al Presupuesto 2017 durante el primer trimestre del año.
  • Al SIPINNA así como a las Procuradurías de Protección a nivel federal, estatales y municipales a tomar en cuenta la participación de niñas, niños y adolescentes en las medidas a implementar para garantizar su seguridad en los planteles educativos.
  • Destinar recursos económicos para atención, prevención y protección de la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes ya que hasta la fecha no hay presupuesto etiquetado para esta finalidad.
  • Incorporar a las organizaciones de la sociedad civil en la creación de Protocolos de Alerta Temprana que permitan identificar situaciones de riesgo que coloquen a alumnas y alumnos en peligro a través de la creación de redes de apoyo y con la participación de niñas y niños.
  • Revisar la pertinencia de construir comunidades educativas basadas en el buen trato y la transformación positiva de conflicto, así como brindar a la infancia y la adolescencia referentes que inculquen el respeto por la vida, la dignidad y los derechos humanos de quienes les rodean. 
 

[1] Recomendación no. 21 / 2015 Sobre la violación a los derechos a la intimidad, seguridad jurídica e interés superior del menor en agravio de los alumnos y alumnas del sexto año, de un CE1… Documento.

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