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REDIM expresa su indignación por cautiverio y tortura de fue víctima el pequeño Anthony; expresión dolorosa de la normalización de la violencia contra la infancia

Núm. 16 / 2017
1 de julio de 2017

  •  No abatir la impunidad ante estos hechos de maltrato infantil, es una invitación a que se repitan
  •  Lamentable que autoridades de la Ciudad de México usen políticamente el caso y filtren información sensible a los medios de comunicación. 
  •  Hacemos un reconocimiento a la intervención ciudadana y en particular al niño de 9 años que denunció la situación en la que se encontraba Anthony.

 

El pasado 28 de junio las autoridades de la Ciudad de México recibieron una denuncia anónima sobre el cautiverio y malos tratos contra un niño pequeño en la colonia Gabriel Hernández de la Delegación Gustavo A. Madero. A través de la guía de otro niño de 9 años fue posible localizar el sótano donde estaba privado de libertad.

Según la información dada a conocer sobre el caso del niño Anthony, se calcula que tiene entre 5 y 7 años de edad, presenta lesiones de tortura en el cuerpo, desnutrición grave y deshidratación. Dos adultos fueron detenidos en la casa a quienes se ha iniciado vinculación a proceso penal.

Este caso refleja una de las más graves expresiones de violencia contra la infancia en nuestro país. Ante ello, #REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México, recuerda al Estado mexicano su obligación de llevar a cabo acciones de prevención y atención eficaces para proteger a niñas, niños y adolescentes de la violencia que erradiquen su normalización.

El caso de Anthony muestra la imperante creencia cultural y social que considera a la niñez como propiedad de su familia, negándoles sus derechos y quedando a merced del poder de los adultos que se considera con legitimidad para ejercer violencia física, emocional y/o sexual contra niñas, niños y adolescentes.

Recordamos que niñas, niños y adolescentes no son propiedad de las familias, son ciudadanos de pleno derecho, tienen que ser escuchados, protegidos de la violencia y garantías para su supervivencia y desarrollo pleno. Asimismo, enfatizamos que “ninguna violencia contra niñas y niños es justificable” y que una de las mejores formas de protegerles es frenar la impunidad frente a la violencia familiar e involucrarles de forma participativa en la creación de entornos seguros, dándoles herramientas que les permitan ser protagonistas de su propio proyecto de vida. 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el capítulo octavo sobre el Derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal señala que “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal…”

Lamentamos el pésimo manejo del caso que están realizando las autoridades locales, quienes sin asumir autocríticamente sus omisiones para permitir que por años el pequeño Anthony viviera en cautiverio en su jurisdicción, ahora se presenten como ’salvadores’ del niño. Es preocupante que sean las mismas autoridades delegaciones y de procuración de justicia que estén entregando información sensible del caso a los medios de comunicación: fotografías, expediente médico, etcétera además de ilegal, afecta el proceso de investigación y revictimiza al niño. 

REDIM observa con preocupación un alto riesgo de revictimización de Anthony, y que después del uso mediático del caso sea enviado nuevamente a cautiverio, ahora en un albergue del DIF. Es necesario tener presente que las autoridades están obligadas a buscar a la familia del niño hasta el cuarto grado de parentesco, ofrecer todos los apoyos posibles y seguimiento profesional para que Anthony goce su derecho a vivir en familia.

Por ello, llamamos a la Procuraduría de Justicia, a la Procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes y Delegación Gustavo A. Madero a: 

  •  Brindar a Anthony tratamiento profesional del más alto nivel posible. 
  •  Descartar la posibilidad de colocar a Anthony en un albergue evitando aislarlo nuevamente e incrementar el daño psicológico, identificando familiares hasta el cuarto grado de parentesco, de no ser así integrarlo a una familia sustituta o determinar mediante un juez que sea candidato a adopción.
  •  Establecer mecanismos de denuncia ciudadana que permitan la coordinación de las autoridades para atender de forma oportuna y eficiente los casos potenciales en los que se encuentre en peligro la integridad física de niñas, niños y adolescentes. 
  •  Llamamos a las autoridades competentes a investigar y sancionar a quienes hicieron públicos los nombres, imágenes y el expediente médico. Así como resguardar la evidencia que de volverse pública pueda vulnerar el derecho a la privacidad y la integridad de la víctima.

A los medios de comunicación: 

  • A evitar ser parte de la revictimización de niñas, niños y adolescentes víctimas; y a considerar como base de su información el respeto a la privacidad, no publicando sus fotografías, descubriendo otras formas de contextualizar e informar al público sobre estos crímenes.

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