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REDIM exige investigación y sanción por daños a niñas, niños y adolescentes víctimas de la "Ciudad de los Niños AC" en Guanajuato

Num. 17/2017 

12 julio 2017

  • Realizamos un llamado a la PGR para atraer la investigación por indicios de delitos de orden federal y la evidencia de inacción de las autoridades locales por varios años, pese a denuncias existentes.
  • Lamentamos que estos casos existan aún con la existencia del SIPINNA y las Procuradurías de Protección de niñas niños y adolescentes desde 2015.
  • Exigimos al Presidente de la República y la CONAGO a cumplir con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, inicialmente convocando a las sesiones de trabajo atrasadas, con asignación presupuestal suficiente y comprometiéndose con el fortalecimiento de las Procuradurías de protección.
  • Exigimos a la jerarquía católica evitar la impunidad, entregando ante las autoridades al sacerdote Pedro Gutiérrez para que responda a las acusaciones y en su caso sea procesado penalmente.

 

Nuevamente niñas niños y adolescentes son motivo de indignación pública al descubrirse víctimas indefensas de violencia física, sexual y psicológica en el centro de asistencia social “Ciudad de los Niños A.C.” ubicado en Salamanca, Guanajuato y que se encuentra a cargo del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, otras religiosas y personal sin formación profesional que de acuerdo con testimonios de las víctimas son los responsables directos de las agresiones y vejaciones.

REDIM exige al Gobernador del estado de Guanajuato, a la Procuraduría General de la República y a la jerarquía católica demostrar en los hechos que no serán parte del pacto de impunidad frente a este grave descubrimiento. Aún está en la memoria e indignación por la impunidad en el caso “Mamá Rosa” que en circunstancias similares de institucionalización masiva mantuvieron bajo la complicidad de autoridades locales y políticos de turno un trato inhumano a cientos de niñas, niños y adolescentes enviados a estos lugares por los DIF estatales.

Ante la evidencia de inacción de las autoridades locales hacemos un llamado a la PGR para atraer el caso y realizar las investigaciones conducentes para sancionar al sacerdote Pedro Gutiérrez y el personal cómplice de los abusos. Es un buen momento para que la jerarquía católica atienda el llamado del Papa Francisco quien ha comprometido a la Iglesia para no tolerar más curas pederastas, por lo que exigimos lo entreguen a las autoridades competentes para que responda a las acusaciones y en su caso sea procesado penalmente.

Es importante reconocer el excelente trabajo de la juez Karla María Macías Lovera, del juzgado Noveno de Distrito en Irapuato, que frente a una resolución de amparo decidió cumplir fehacientemente con el Artículo 4º  Constitucional que establece el “Interés Superior de la Niñez” en todas los actos de autoridad. Lo que tienen que explicar las autoridades de Guanajuato es por qué desde marzo que se emitió la resolución no se atendió sino hasta que el valiente trabajo periodístico develó el cautiverio y maltrato de que eran víctimas cientos de niñas niños y adolescentes.

En su resolución la jueza solicitó indagar al Ministerio Público si los apoyos recibidos por la organización, tanto de gobiernos como de particulares, han sido utilizados en la mejora de alguno de los cinco centros a cargo o si hay desvío de fondos.

Recordamos las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, al observar que en México: “no existen políticas suficientes para apoyar a las familias en el cumplimiento de sus responsabilidades parentales; el número total de niñas y niños privados de un entorno familiar es desconocido; la institucionalización continúa siendo la opción priorizada sobre los hogares de acogida; y existe una supervisión inadecuada en las instituciones de cuidado alternativo, lo cual resulta en casos notorios de abuso y negligencia, como lo son “Casitas del Sur”, "CAIFAC" y “La Gran Familia”[i].

Actualmente en México existen 879 centros de asistencia de los cuales sólo el 9.7% son públicos, mientras que el restante 90.3% están distribuidos en entidades privadas y sociales.  Así mismo, se tiene registrado que existen 30 mil niñas, niños y adolescentes alojados en dichos centros.

Ante lo anterior, enfatizamos las obligaciones del Estado mexicano de prevenir, sancionar, reparar y garantizar la no repetición de graves violaciones a los derechos de niñas, niños o adolescentes que han sido separados de sus familias.

Lamentamos profundamente que  las altas autoridades del país siguen mostrando desdén ante el 32% de la población nacional, invalidando el gran esfuerzo realizado por funcionarias y funcionarios que buscan hacer realidad el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes, SIPINNA. El Presidente de la República no ha convocado a la 3ª sesión del SIPINNA desde hace 7 meses. Más de veinte gobernadores han dejado de convocar a las sesiones de los Sistemas Estatales donde se tiene que definir la política pública que garantice los derechos de la niñez.

Es urgente que México rompa con la tradición de separar a niñas y niños pobres o víctimas de sus familias y comunidades para enviarlos a albergues que impedirán su inclusión social con el paso de los años. Las políticas públicas tienen que prevenir la separación de niñas, niños y adolescentes de sus familias de origen y restituir los derechos de aquellos que tienen cuidados alternativos. Sin el fortalecimiento de las Procuradurías de protección a nivel federal y estatal será imposible supervisar, regular y sancionar a personas que abusan de niñas y niños en las instituciones.

Ante el panorama descrito las organizaciones que integran la REDIM, defensoras de los derechos de la infancia y adolescencia exigimos al Estado mexicano a través de las autoridades correspondientes:

  • Llevar a cabo de manera urgente medidas de reparación del daño para las niñas, niños, adolescentes que fueron víctimas de estas graves violaciones a sus derechos, que tengan acceso a la justicia y eviten su revictimizacion, de igual forma bajo los principios del debido proceso y la seguridad jurídica de las personas que se castigue a los responsables evitando se genere más impunidad.
  • Que el Tribunal Colegiado a cargo de revisar la sentencia la confirme o amplíe para asegurar la protección de todas y todos los niños y adolescentes resguardados por los cinco centros de asistencia social que se encuentran a cargo de Pedro Gutiérrez Farías. 
  • Investigar toda la cadena de mando y sancionar a las funcionarias y funcionarios que resulten responsables de omisiones, complicidad o aquiescencia. Especialmente a quienes desde hace años recibieron denuncias y no respondieron con la debida diligencia para garantizar la integridad de niñas y niños encerrados en el lugar.
  • Investigar sí los apoyos recibidos por la organización a lo largo de los años, tantos de gobiernos como de particulares, han sido utilizados en la mejora de los centros o si hay desvío de fondos.
  • A los gobernadores y Presidentes municipales a cumplir con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fortaleciendo financieramente las Procuradurías de protección y a supervisar los centros de asistencia social.   
  • Corresponde al SIPINNA desarrollar una estrategia nacional de desinstitucionalización y restitución del derecho a vivir en familia y comunidad de niñas, niños y adolescentes, que incluya recursos suficientes y capacitación adecuada de los centros de asistencia social, tanto públicos como privados.

A los medios de comunicación:

  • A evitar ser parte de la revictimización de niñas, niños y adolescentes víctimas; y a considerar como base de su información el respeto a la privacidad, no publicando sus fotografías, descubriendo otras formas de contextualizar e informar al público sobre estos crímenes.

 


[i] Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Observaciones Finales sobre los exámenes periódicos Cuarto y Quinto consolidados de México, Adoptadas por el Comité durante su sesión sexagésima novena (18 de mayo al 5 de junio de 2015). http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/CRC_C_MEX_CO_4-5.pdf

 

Juan Martín Pérez García
Director Ejecutivo
Red por los Derechos de la Infancia en México
@juanmartinx

 

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