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Derechos de la Infancia
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México carece de un Sistema Nacional de Protección de Derechos de la Infancia de tal forma que las problemáticas se ven de forma aislada y no vinculada. Al no existir tal Sistema las niñas y los niños que salen de la escuela (o bien nunca entran) son más vulnerables ya que no existen recursos para brindarles protección.

Existe además omisión por parte de las autoridades para reconocer que el sistema educativo es sumamente rígido y no permite la garantía del derecho en ciertas circunstancias, como cuando por ejemplo, un niño o niña no tienen acta de nacimiento. Lo anterior ocurre en gran parte, porque la responsabilidad de la educación se reduce al ámbito familiar.

Aunado a ello, niños y niñas no son considerados sujetos de derecho dentro de las escuelas no se promueve su participación infantil, ni la de los padres, de tal forma que pese al potencial que tiene la escuela como un espacio de protección suele excluir a niñas, niños o adolescentes con problemáticas como embarazo, consumo de sustancias, etc. cuando en realidad debe ser un espacio de contención que les permita elegir un proyecto de vida.

La Convención sobre los Derechos del Niño recomienda que el Estado Parte refuerce sus políticas educativas y su sistema de enseñanza para reducir las disparidades regionales en el acceso a la educación y para intensificar los programas en curso de retención escolar y de formación profesional para quienes abandonan la escuela. El Comité de los Derechos del Niño recomienda también que el Estado Parte tome medidas eficaces para mejorar la situación educativa de los niños pertenecientes a los grupos más vulnerables, en particular, en relación con los programas de educación bilingüe para niños de grupos indígenas.

Sin embargo, en México prevalece un preocupante déficit de oportunidades educativas para la población indígena. A pesar de que los promedios nacionales, acreditan la cobertura universal en el nivel primaria, la sobreestimación y las variantes operativas que presentan los grupos de niñas y niños jornaleros agrícolas, por ejemplo, plantean nuevos retos a considerar. Adicionalmente, no se puede afirmar que el acceso a la primaria es un problema resuelto, mientras persistan los problemas de deserción y no se tome en cuenta la eficiencia terminal.

Las brechas regionales: norte-sur; territorial: urbana-rural; y étnica: indígena - no indígena, continúan presentes en los indicadores de cobertura y permanencia. El problema de la calidad educativa es preocupante y generalizado. Sin embargo, es en este rubro, donde se evidencia distribución desigual de las oportunidades educativas.

Son preocupantes también los resultados de aprovechamiento en las modalidades de atención a grupos vulnerables: indígenas, migrantes, y población con alguna discapacidad. Ante esta situación, el Estado mexicano debe atender a la brevedad la recomendación de reducir las disparidades regionales y tomar medidas eficaces para mejorar la situación educativa a favor de los grupos vulnerables.

Para ello, es necesario que el Estado mexicano se comprometa a: garantizar educación de calidad para los casi 40 millones de niños y adolescentes en el país, con especial atención a aquellos con alguna discapacidad; garantizar apoyos para que todos los adolescentes puedan ingresar y terminar la escuela media superior; avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Protección de Derechos de la Infancia, entendido como la existencia de un  órgano articulador de alto nivel para el desarrollo de políticas públicas, programas y acciones que garanticen los derechos de  niños, niñas y adolescentes en México y crear un Sistema Nacional de Información sobre Infancia, desagregado  por grupos de edad y sexo, con indicadores para evaluar los progresos en la aplicación de la Convención sobre los derechos del niño.

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