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El reconocimiento de los derechos de la infancia ha sido una tarea en constante desarrollo, que comenzó a inicios del siglo XX. Los primeros logros fueron alcanzados el 20 de noviembre de 1959, fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos del Niño que contiene diez principios orientadores sobre los derechos de niñas y niños. No obstante la importancia que significó este instrumento, su entrada en vigor tardó tres décadas después de su promulgación.

Lo anterior coincide con la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) por parte de la Asamblea General, el 20 de noviembre de 1989. La CDN se constituyó en el primer instrumento legalmente vinculante para todos los países, que busca afirmar y proteger los derechos de niñas y niños. Con la ratificación de la Convención, los Estados Partes se comprometieron a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos por la CDN, además de utilizar al máximo los recursos que dispongan para garantizar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de la infancia.

La adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño en el mundo y su ratificación en México representa una trasformación histórica de los paradigmas bajo los cuales eran concebidos tanto la infancia como las responsabilidades que el Estado y otros actores deben asumir para atender las problemáticas que atañen a la infancia.

La CDN es el primer instrumento jurídico internacional basado en la doctrina de la protección integral que reconoce a niñas y niños como sujetos sociales con derechos y capacidades de acuerdo a su etapa de desarrollo. Su importancia también radica en que abarca tanto derechos civiles y políticos como sociales, económicos y culturales; esto implica que los diferentes gobiernos y actores de la sociedad civil deben garantizarles a niñas y niños un entorno en el que puedan desarrollarse sin ninguna privación de cualquiera de los derechos mencionados, puesto que son universales, indivisibles e interdependientes.

Para que lo anterior se cumpla, se debe buscar el establecimiento de un Sistema Integral para la Garantía de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, que sea capaz de construir e implementar bajo el enfoque de derechos, una política integral de infancia y adolescencia. De igual forma el sistema deberá coordinar y articular institucionalmente a todos los organismos y sectores del gobierno que tengan jurisdicción sobre acciones que afecten la garantía y cumplimiento de los derechos de niñas y niños.

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