Red por los
Derechos de la Infancia
en México
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En México, la población de niñas, niños y adolescentes que trabajan, enfrentan diversos retos para el ejercicio pleno de sus derechos. Diversos estudios han demostrado que existe una relación directamente proporcional entre la disminución del ingreso económico de las familias y el aumento del trabajo infantil, esta situación se acentúa en las pequeñas comunidades con menor desarrollo social. Actualmente más de 3 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años realizan actividades económicas; cuatro de cada diez no reciben remuneración por su trabajo.

 

Si bien es cierto que el Estado Mexicano tiene la obligación de velar por que estos derechos sean garantizados, la realidad dista mucho de ello, y es la actividad laboral de la infancia, imprescindible para satisfacer sus necesidades más inmediatas, y en otros casos, encargarse de su manutención completa, como lo es la población que vive en las calles.

 

Es necesario diferenciar la actividad económica de la infancia y la adolescencia para ofrecer respuestas diferenciadas que respeten los derechos humanos y ofrezcan alternativas de inclusión social. Sin una cuidadosa aproximación al fenómeno se corre el riesgo de criminalizar a las familias pobres que se ven obligadas a contar con el ingreso económico de sus hijas e hijos para sobrevivir; lo anterior en muchas ocasiones ocurre ante la ausencia del Estado Mexicano para garantizar apoyos económicos y mejores empleos para las personas adultas.

 

En los últimos años, la dinámica laboral de la población infantil está siendo mayor para actividades de tipo doméstico, comparada con la que representa un ingreso económico inmediato, siendo las niñas las principales proveedoras de este servicio, que además, no reciben educación. En este sentido, la falta de acceso a la educación en el país para las niñas y los niños de 15 a 17 años que trabajan es muy elevada, lo que limita su formación educativa para desarrollar sus capacidades y habilidades que les permitan ser competitivos y acceder a mejores oportunidades de empleo.

 

El trabajo infantil no es perjudicial en sí mismo, son las condiciones de desprotección gubernamental las que permiten abusos y riesgos para su sano desarrollo. Es necesario diferenciar conceptual y metodológicamente la actividad económica de la infancia. Unas serían las pequeñas labores que realizan niñas y niños en su familia y comunidad, las cuales pueden formar parte de la transmisión de tradiciones culturales, especialmente en las comunidades rurales. Y que por su carácter ocasional no significan afectaciones en la escuela, salud o recreación.

El trabajo infantil propiamente, se caracteriza por una relación laboral entre un empleador y el adolescente, existe un producto y/o servicio, horario establecido y lugar de trabajo distinto al ámbito familiar. Incrementar la edad permitida para el trabajo infantil es una recomendación internacional que se complementa con la vigilancia y regulación por parte de las autoridades laborales. Algo que lamentablemente es muy escaso en todo el territorio nacional, permitiendo abusos de empleadores e industrias beneficiadas.

La explotación económica es un delito, no puede ser considerada un "trabajo" y las autoridades están obligadas a su persecución y sanción ejemplar. En este rubro entrarían aquellas actividades económicas que se realizan en contra de la voluntad de niños y sus familias, que afectan su sano desarrollo, impidiendo la permanencia en la escuela, eliminando los tiempos de recreación; son actividades que no corresponden con su capacidad física, tienen altos riesgos para su integridad y suceden fuera de los contextos de protección familiar. El trabajo esclavo es una realidad en algunas regiones del país, especialmente aquellas donde el crimen organizado tiene mayor dominio.

El Artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niños (ONU, 1989) obliga a los Estados a realizar medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para atender el trabajo infantil. Por ello la importancia que el Estado mexicano asuma seriamente la responsabilidad de superar el rezago internacional que enfrenta por mantener sólo una política asistencial y carecer de un Sistema Nacional de Garantía de Derechos de la Infancia, sin el cual las acciones y programas gubernamentales seguirán sin cambiar la difícil realidad que viven la mayoría de niñas, niños y adolescentes en México.

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