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La Defensoría de los Derechos de la Infancia tiene como fin garantizar los servicios de defensa y representación jurídica a las niñas y los niños así como también regular la protección y defensa de sus derechos observando especialmente su desarrollo emocional y psicológico en todos los entornos, incluso en el seno de la familia, las escuelas, las instituciones de readaptación social y otros centros alternativos.

También se protege a niñas, niños y adolescentes de injerencias arbitrarias de servidores públicos o particulares, entendiéndose como toda forma de violación a la intimidad del infante o menor, en su vida privada, sus posesiones, su familia, su domicilio o su correspondencia.  Además plantea que la carencia de recursos económicos y/o materiales de niñas y niños no debe ser motivo central para separarlos de su familia, su comunidad y el país y demás temas que los involucren.

Dentro de este esquema se incluyen mecanismos y espacios que garanticen el derecho a la participación de niñas y niños privados de su entorno familiar y otro tipo de tutela, particularmente a quienes vivan con algún tipo de discapacidad o formen parte de la población callejera. Además, se prestará atención especializada cuando se trate de niñas o niños que se encuentran en desventaja social y que tengan algún conflicto jurídico con las autoridades. La Defensoría de Derechos de la Infancia podrá construir e impulsar políticas públicas que busquen el beneficio de la niñez; al mismo tiempo, podrá impulsar estrategias que fomenten una vida libre de violencia en contra de niñas y niños.

En este marco, el litigio estratégico para el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes busca mediante casos particulares generar cambios universales que coadyuven a la protección de los derechos de la infancia. Es un esfuerzo desde la sociedad civil para hacer que la doctrina de derechos humanos sea la rectora de las decisiones no sólo a nivel judicial y normativo, sino que también tenga efecto en la legislación y en los programas y políticas públicas.

Debe resaltarse que el litigio estratégico entiende que el sistema judicial mexicano es fundamental para el cambio hacia un goce pleno de los derechos humanos, y en este caso, de los derechos de la infancia. Esto quiere decir que las actuaciones que se gestan desde la sociedad civil buscan aprovechar la institucionalidad del sistema judicial, no ir en contra de la misma; no obstante lo anterior, se busca también que esta institucionalidad pueda ser permeada por los diferentes elementos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para que sus decisiones generen las modificaciones necesarias para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes que han sido reconocidos a nivel internacional.

Además, el litigio estratégico buscará también abrir el debate de la importancia de los derechos de la infancia en todas las instancias del gobierno y de la sociedad, con el fin de generar una cultura de derechos humanos, en especial en los temas que repercuten sobre niñas y niños. Esto se logra visibilizando las violaciones de los derechos de la infancia, y las omisiones en materia jurídica y legislativa frente a la doctrina internacional de los derechos de los niños. 

Así, se apoya en la defensa de los diferentes casos que se presenten, en la sistematización e investigación sobre conductas recurrentes o tendencias que se generen, y mediante la comunicación y difusión de lo anterior para que toda la sociedad conozca a fondo el proceso que se lleva a cabo. 

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