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En la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México de 2010 aparece que 6 de cada 10 personas entrevistadas en el país opinan que los niños y las niñas deben tener los derechos que les da la ley: 3 personas de cada 10 consideran que deben tener los derechos que sus padres les quieren dar: un poco más del 3% considera que los niños no tienen derechos porque son "menores de edad". Estos datos reflejan la falta de aceptación plena, en el país, de la titularidad de derechos de niñas y niños.

En las más recientes Observaciones Finales al Estado Mexicano sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, en 2006, el Comité de los Derechos del Niño, órgano de las Naciones Unidas encargado de la implementación del tratado y sus protocolos facultativos, dijo acoger con satisfacción las medidas legislativas realizadas previamente, en particular las enmiendas de los artículos 4 y 8 constitucionales de 2000 y 2006, y la promulgación de la Ley Federal para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2000.

Sin embargo, expresó su preocupación acerca de la falta de eficacia de las medidas adoptadas para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención, de la poca adecuación de las normas con el tratado, así como de la problemática aplicación de las leyes en razón de la complejidad de la estructura federal.

Las recomendaciones del Comité al Estado Mexicano al respecto fueron las siguientes: "El Comité insta al Estado Parte a que adopte las medidas necesarias para armonizar las leyes federales y estatales con la Convención y las normas internacionales pertinentes, a fin de asegurar su aplicación efectiva. El Comité también insta al Estado Parte a que se asegure de que todas las leyes estatales sean compatibles con las leyes federales, en particular, la ley para la protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes de 2000 y que todos los Estados apliquen como cuestión prioritaria, las reformas administrativas institucionales necesarias".

A nivel legislativo se puede observar que la Ley para la Protección de las Niñas, los niños y los adolescentes no ha sufrido cambios considerables que permitan la adecuación a la Convención recomendada por el Comité. Sin embargo, la incorporación del interés superior del niño se en el Art. 4º Constitucional y la modificación al Art. 73 sientan las bases para desarrollar un nuevo marco normativo para promover y garantizar los derechos de la infancia.

Sin embargo, debemos estar conscientes que la promulgación de una Ley General de los Derechos de la Infancia, no cambiará de facto el paradigma tutelar aún existente en México, ni tampoco bastará por sí sola para garantizar de manera efectiva los derechos de niñas, niños y adolescentes. La consecución de la Ley General representaría un punto de partida, para seguir avanzando en la garantía de los derechos de la infancia en México.

 

Es indispensable que los estándares que queden fijados en la legislación general, sean reflejados y aterrizados en las legislaciones locales y en las disposiciones de los diversos ámbitos jurídicos. Por ello se requiere que, se realice una armonización legislativa que permita hacer operativa la Ley, reformando los códigos civiles, penales, los código de procedimientos, las leyes de educación, de salud, trabajo, entre todas aquellas relacionadas con el contenido de alguno de los derechos de niñas y niños.

 

Asimismo, para hacer operativo y exigible el contenido de los derechos, debemos construir una nueva estructura institucional, que supere el enfoque de necesidades y facilite la garantía efectiva de las prerrogativas fundamentales de los niños y las niñas bajo un enfoque integral, sustentable y progresivo. Esta nueva estructura tiene que ser edificada como un sistema de protección integral, que debe de estar claramente establecido por la Ley e integrado por diversos órganos con atribuciones y capacidades suficientes para realizar las diferentes funciones que implica una labor de garantía, como son la rectoría de la política pública en materia de infancia, la promoción y defensa de los derechos, así como la restitución de los mismos.

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