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La reunión de datos y análisis y la elaboración de indicadores es otro de los elementos identificados por el Comité de los Derechos del Niño  para asegurar la implementación de los derechos de la infancia. Tales datos son indispensables para determinar si existen discriminaciones o disparidades en la realización de los derechos. El Comité determina la obligación de la creación de sistemas eficaces de reunión de datos, así como la evaluación de los datos y su utilización para valorar la implementación de los derechos de la infancia, a nivel nacional y local, sin embargo, ha expresado su preocupación, frente a la ausencia de un sistema de reunión de datos que permita analizar en forma amplia y sistemática la situación de los derechos de niñas y niños en México.

La información es la base para el desarrollo de la estrategia de garantía de derechos, tanto en la planificación como en la ejecución de las políticas públicas. El sistema de información no se encuentra referido en muchas de las leyes locales, y en muchas otras la obligación estatal de recopilar información no está establecida como la función de un sistema, sino como una función desarticulada que tiene que asumir cada institución en lo individual.

El sistema de información debería tener las atribuciones para requerir la información de cada una de las instituciones públicas que trabajan en el tema de infancia, capacidad técnica para sistematizarla y generar indicadores que puedan orientar la construcción de la política de infancia. Los indicadores generados así como la sistematización de las bases estadísticas deben de ser públicas y accesibles para la población en general. De la misma forma es relevante que se busquen formas de difusión de la información generada.

La ley General deberá señalar cuáles serán las características del sistema de información de la infancia; cuál será la institución responsable de la recopilación y la sistematización de los datos, los mecanismos a través de los cuáles este sistema se hará público, la precisión de que la información deberá estar detallada tanto a nivel federal como a nivel estatal y municipal, así como los principales indicadores que deberá contener el sistema, sin que esta precisión sea de carácter limitativo.

Los indicadores deben ser específicos, es decir, los vinculados con el fenómeno sobre el que se pretende actuar. En su elaboración deben de especificarse la meta u objetivo al que se vinculan y la política pública que se encuentra implicada o relacionada con dicho indicador. La forma de sistematización de los indicadores debe permitir la comparación entre los mismos de forma temporal, cualitativa y cuantitativamente. Resulta indispensable que los indicadores se encuentren desagregados por sexo y edad, origen étnico o grupo en situación de vulnerabilidad y representar todos los grupos de derechos establecidos en la Convención.

El desarrollo del sistema de información sobre la infancia además de ser señalado en la Ley General de los Derechos de la Infancia, requiere  para su establecimiento, que una vez identificada cuál será la institución responsable del mismo, se modifique su normatividad vigente ya que tiene que ser una instancia independiente a las diversas secretarías o sectores de la administración pública centralizada, e inclusive distinta al órgano rector de la política pública en materia de infancia; posiblemente podría contemplarse para dicha labor al Instituto Nacional de estadística y geografía (INEGI), con la finalidad de que la información que se emita sea objetiva y obedezca a una metodología similar a la empleada para la generación o evaluación de otras políticas públicas.

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