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México enfrenta actualmente una oportunidad histórica para subsanar los vacíos y obstáculos persistentes y dar un salto cualitativo en el proceso de generar una nueva arquitectura jurídica, institucional y de políticas públicas para garantizar integralmente los derechos de la infancia, recuperando el rol de liderazgo nacional e internacional que jugó el país en su momento en el marco de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989.

Lo anterior, en función de que en 2011 tuvo lugar la reforma más importante que se ha hecho a la Constitución en materia de derechos humanos, así como una reforma que se puede considerar como complementaria a ésta a los artículos 4 y 73, mediante la cual se eleva a rango constitucional el principio del “interés superior de la niñez” y se concede al Congreso de la Unión la facultad para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, los municipios y el Distrito en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Se trata de una oportunidad histórica porque al establecerse o reconocerse así expresamente en la Constitución la concurrencia en materia de derechos de la infancia y la adolescencia, se abre la posibilidad de contar con una nueva legislación que pueda, a partir de los avances que se han tenido y considerando los obstáculos que permanecen vigentes, articular un Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Infancia y la Adolescencia.

La alta proporción de población infantil y adolescente con que cuenta el país (más de un tercio de su población total) amerita incrementar y fortalecer técnicamente la inversión y los esfuerzos de política pública hasta ahora realizados a favor de la infancia, como una apuesta estratégica que permita aprovechar el llamado bono demográfico, además de disminuir la desigualdad que compromete negativamente el desarrollo económico, la competitividad y la cohesión social del país en el presente y el futuro.

Los componentes básicos que deberán comprender el Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Infancia y la Adolescencia a) deberá estar creado por ley; b) deberá contar con un órgano de rectoría y coordinación  también establecido por ley; c) deberá integrarse por todas las instancias de los diferentes sectores relacionados con los derechos de la infancia y los órdenes  de gobierno encargados de la ejecución, cuyas competencias deberán delimitarse también en la ley; d) debe contar con un presupuesto adecuado, (tanto para el funcionamiento operativo del órgano rector como para c/u de los sectores que lo conforman); e) deberá contar con órganos de vigilancia independientes e incluso con órganos de vigilancia ciudadana.

El Sistema tendría que incorporar los siguientes ejes de funcionamiento para alcanzar su objetivo de lograr la garantía integral de derechos de la infancia y la adolescencia: promoción o garantía general de derechos y defensa o exigibilidad de derechos en caso de incumplimiento.

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