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En el marco del mes del niño y como una respuesta a la convocatoria del poder legislativo federal a la sociedad, para brindar aportes que alimenten el debate sobre una nueva Ley General para la Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y diversas organizaciones de la Sociedad Civil se reunieron en el marco del Foro Nacional: Hacia un Sistema Integral de Garantía de los Derechos de la Infancia y la adolescencia en México. Por un debate amplio para una ley de altura.

En el evento se exhortó a las y los legisladores a tomar en cuenta las propuestas de la ciudadanía, así como la participación de niñas, niños y adolescentes quienes tienen derecho a opinar sobre la ley que les gustaría tener. Se resaltó el hecho de que sin la participación de la sociedad no es posible construir políticas públicas a favor de la infancia que sean efectivas, congruentes y que funcionen en el corto, mediano y largo plazo. Estas son algunas de las reflexiones y propuestas de la sociedad civil:

La operatividad del sistema de garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia no le corresponde a un solo sector político o social y es indispensable que todas las dependencias trabajen en la construcción y la ejecución de un Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Infancia. Eso implica conformar una gobernanza central de la infancia, coordinada por un órgano rector de políticas públicas que tenga suficiente autoridad dentro del gobierno para realizar la toma de decisiones en la construcción de los planes y programas y que articule, monitoree y evalúe la ejecución de las mismas. La nueva institucionalidad debe estar a la altura de las complejidades culturales y geográficas del país.

Aunado a lo anterior es primordial la asignación de un presupuesto específico para una política integral para la garantía de los derechos de la infancia, porque uno de los principales factores de origen de la violación de derechos es la pobreza.

Por otro lado, se necesita una estructura institucional que atienda y resuelva de manera efectiva las situaciones que se conocen como prácticas intolerables: entre ellas la explotación infantil, el trabajo riesgoso, la migración forzada, la incorporación de niños y adolescentes al crimen organizado, la violencia en todas sus dimensiones. A pesar de que se han realizado acciones, éstas no han sido articuladas bajo un enfoque de derechos, es decir bajo un marco de universalidad, de integralidad y justiciabilidad de los derechos. Para eso, hay que promover una estrategia trasversal y superar el enfoque de focalización en la asistencia y de criminalización.

Cuando hablamos de Sistemas de garantías hablamos de diversos componentes y mecanismos institucionales, que pueden ser de dos tipos: los políticos y los jurisdiccionales. Los mecanismos políticos son los conformados por los tres poderes de la unión y las políticas públicas que coordinadamente pueden garantizar los derechos de niñas y niños. Los mecanismos jurisdiccionales, son aquellos órganos y componentes de defensa de los derechos, como pueden ser los procedimientos judiciales, las fiscalías y juzgados especializados, el personal especializado, los protocolos de actuación, las instancias de atención y restitución de derechos, que puedan evitar la re-victimización de niñas, niños y adolescentes.

Es indispensable que tanto el personal como las prácticas dentro de los procedimientos judiciales sean adecuados y sensibilizados, para que niños, niñas y adolescentes puedan participar directamente en el proceso y que sus testimonios puedan ser tomados en cuenta.

Dentro de los Sistemas cuasi-jurisdiccionales se ubican las Comisiones de Derechos Humanos. En particular en el DF, se modificó la ley de la Comisión para que pueda recibir quejas directamente de niñas, niños y adolescentes. Lamentablemente, esta disposición no se está revelando suficiente, porque los niños y las niñas no saben que tienen esta oportunidad para defender sus derechos. Por eso se necesita que la ley establezca medidas para que niñas, niños y adolescentes puedan estar informados sobre estos mecanismos.

Uno de los elementos más relevantes en el Sistema de protección es la Defensoría de los derechos de la infancia. Actualmente las instituciones de asistencia a través de las Procuradurías del menor no desempeñan una acción real de defensa, pues tienen una visión tutelar, además de no contar con el presupuesto, las atribuciones ni la autonomía de gestión presupuestaria.

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha recomendado fortalecer los mecanismos de denuncia y vigilancia, para que niñas y niños puedan hacer directamente las denuncias, basándose particularmente en la Observación General No. 2 del Comité. La Observación General reconoce que los derechos de la infancia pueden defenderse a través de comisiones de derechos humanos o defensorías del pueblo, siempre y cuando tengan el mandato específico y exclusivo de defender estos derechos. Entre las características que debe tener el defensor de los derechos de la infancia se identifican: la independencia y autonomía de gestión, la habilidad para conseguir que las voces de niñas y niños sean escuchadas, la capacidad de representación jurídica de forma individual y colectiva de niñas y niños, una atención exclusiva para niñas y niños y un presupuesto adecuado para hacer viable su operatividad.

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