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Niñas, niños y adolescentes se involucran con grupos delictivos en gran medida como una consecuencia de las contradicciones y tensiones sociales expresadas en estos sectores por ser los más vulnerables y que reflejan inseguridad pública expresada en dos dimensiones: la inseguridad de niñas, niños y adolescentes empobrecidos con un futuro incierto y la inseguridad de la sociedad en general frente a la reacción y conducta de la población más joven.

Las contradicciones señaladas tienen que ver principalmente con las derivadas de la situación de desigualdad económica y de pobreza para las mayorías. Por su parte las tensiones sociales se relacionan con las tensiones políticas derivadas de un complejo proceso democrático.

De esta forma, las instituciones tradicionales como la familia, la escuela y la comunidad, se encuentran imposibilitadas para ayudar a niñas, niños y adolescentes a una plena integración en el cuerpo social y para el ejercicio pleno de sus derechos. De esta forma, esta población se ubica en circunstancias de riesgo psicosocial, provocando que algunos asuman formas de expresión ajenas o claramente opuestas a las normas y valores establecidos.

Paradójicamente, son tratados como amenazas sociales cuyas conductas se castigan a través de medidas como la reducción de la edad penal y acciones que criminalizan la pobreza y no ofrecen oportunidades de rehabilitación ni de restitución de sus derechos y menos aún buscan la prevención de las condiciones que les ponen en conflicto con la ley.

Por otro lado, las medidas que prevalecen para el tratamiento de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley derivan aún de una doctrina tutelar que no garantiza sus derechos en acuerdo con las normas internacionales en la materia y por el contrario les coloca en un mayor riesgo de incorporación a la dinámica de la delincuencia.

Algunas de las propuestas de política pública que se han generado con respecto a reducir, prevenir y atender la problemática giran en torno al redimensionamiento racional del fenómeno. Investigar profunda y sistemáticamente incorporando elementos que permitan tener una nueva visión, interpretación y abordaje que elimine la visión de la infancia y la adolescencia como sinónimo de delincuencia que ayude a la sociedad a superar el pánico y alarma social y les brinde herramientas de solución.

Asimismo prevenir situaciones de riesgo en la infancia implica la procuración de mejores condiciones de vida para la población más joven para reducir la inseguridad, realizar una gran inversión económica en múltiples programas preventivos que garanticen la disminución de conductas de conflicto social y apoyo técnico y financiero a las iniciativas de la sociedad civil organizada que trabajan en la prevención y atención de este fenómeno. Otro elemento fundamental es profesionalizar el campo de la infancia y la adolescencia, para la prevención y tratamiento

La creación de un sistema de justicia juvenil general que deberá de estar basado en la doctrina de la protección integral reflejada en los diversos convenios y tratados signados por el estado mexicano. Bajo esta premisa es necesario homologar la edad penal a los 18 años en todo el país y modificar aquellas legislaciones, normas y procedimientos que atenten contra los derechos de la infancia y no garanticen su apropiada rehabilitación.

Finalmente es indispensable democratizar el ámbito de la seguridad para los jóvenes, la justicia, la prevención y el abordaje de los adolescentes y jóvenes que comenten conductas antisociales. Establecer una decidida normatividad a los medios de comunicación en materia de seguridad de los jóvenes, para evitar los mensajes que criminalicen, estigmaticen o sean perjudiciales.

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