Urgimos al Estado mexicano a no olvidar el impacto que la pandemia tiene en las infancias y a realizar un padrón de #OrfandadCOVID19

22 / julio / 2021

  • 5.1 de cada 1,000 niñas, niños y adolescentes en México han perdido al menos una madre, padre o abuela o abuelo residiendo en casa por la pandemia
  • Llamamos a ingresar de inmediato una dinámica de restitución de derechos para la niñez huérfana, como parte de la estrategia de atención a ésta problemática detectada y alertada hace meses.

Desde la Red por los Derechos de la Infancia en México (#REDIM) queremos hacer un llamado de atención al Estado mexicano y a todos los niveles de autoridad que lo conforman para reconocer, visibilizar y atender a los niños, niñas y adolescentes que son sujetos de derechos y han quedado en estado en orfandad como consecuencia del COVID-19.

A más de un año desde que se activara la emergencia sanitaria mundial por la pandemia, resulta incomprensible que no contemos con datos oficiales de las autoridades sobre cuántos niños, niñas y adolescentes han quedado en orfandad por esta causa; lo que facilitaría los primeros pasos hacia una estrategia de atención integral, tomando en cuenta el interés superior de la niñez mexicana que ha sido perjudicada por la pandemia.  

Estas estadísticas permitirían no sólo cuantificar, sino dimensionar la problemática e identificar las necesidades que tienen las infancias huérfanas en cada entidad del país, tras haber perdido a sus cuidadores o cuidadoras primarias o secundarias (padres, madres u otros integrantes de las familias). Los datos publicados por la revista científica The Lancet representan un cálculo que debe ser contrastado con la data oficial para comprender con certeza la problemática, paso indispensable para atenderla.

De acuerdo con la publicación, 5.1 de cada 1,000 niñas, niños y adolescentes en México han perdido al menos una madre, padre o abuela o abuelo residiendo en casa debido a la pandemia, lo que se traduce en 203,549 niñas, niños y adolescentes impactados en el país.

El estudio señala que a nivel mundial, desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2021, 1.134 000 niños experimentaron la muerte de sus cuidadores principales, incluido al menos uno de los padres o abuelos con custodia entre los que México destaca en el tercer lugar entre 21 países evaluados, según las tasas de mortalidad de los cuidadores primarios de al menos uno por cada 1000 niños que incluyeron Perú (10.2 por 1000 niños), Sudáfrica (5.1), México (3.5), Brasil (2.4), Colombia (2.3), entre otros.

REDIM condena la continua invisibilidad de niños, niñas y adolescentes en las políticas públicas; la emergencia sanitaria mundial no es la excepción, lamentablemente. Llamamos a priorizar los servicios de salud para la niñez y así asegurar que las niñas, niños, adolescentes tengan acceso a las pruebas, tratamientos y vacunas contra el COVID19.

Reiteramos nuestras recomendaciones descritas en el primer informe sobre el Impacto del COVID en el que se describe los desafíos para brindar atención a la niñez mexicana y donde exhortamos al Estado a cumplir con las más de 300 recomendaciones internacionales no atendidas en torno a los derechos de niñas, niños y adolescentes y que ahora son más necesarias en la Era COVID19.

Estas recomendaciones incluyen nuestra exigencia de que se cree un Padrón de #OrfandadCOVID19 que cuente con la participación de actores claves como el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Inmujeres, la Secretaría de Educación; Secretaría de Salud, el sistema DIF, así como las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y fiscalías en cada entidad, entre otras.

Será fundamental ingresar de inmediato en una dinámica de restitución de derechos para niñas, niños y adolescentes huérfanos por la pandemia, como parte de la estrategia de atención a ésta problemática ya detectada y alertada hace meses. Ésta dinámica debe conformar la política pública específica para su atención y seguimiento: salud mental; servicios de apoyo psicosocial y económico; ajustes razonables en materia de educación y escolaridad; reconocimiento de las redes comunitarias e institucionalización sólo como última medida, de manera que el Estado mexicano asuma efectivamente su rol garantista de derechos frente nuestras infancias y adolescencias.

Tania Ramírez

Directora Ejecutiva

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