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La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) reconoce a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento, bienestar y protección de los niños. Sin embargo, cuando la familia del niño o la niña se encuentra en la imposibilidad, temporal o permanente de proveerle cuidado el Estado es responsable de proteger los derechos de la niña o niño y de procurarle un acogimiento alternativo adecuado.

 

La Convención estipula por un lado, diferentes formas de cuidado alternativo: colocación en albergues y hogares, el acogimiento en familias sustitutas, la adopción o la kafala del derecho islámico. Por otro,  en el Artículo 21 se enfoca sobre los derechos de los niños en la adopción, establece la primacía del interés superior del niño en todas las disposiciones relativas a la adopción y determina que la adopción internacional sólo podrá realizarse en caso de que el niño no pueda ser colocado adecuadamente en su país de origen, conocido como el principio de subsidiariedad de la adopción internacional.

 

La adopción internacional también ha sido objeto de un Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional (Convenio de La Haya de 1993). Ese Convenio protege a niñas y niños y a sus familias contra los riesgos de adopciones internacionales no éticas, garantizando que éstas se tramiten en el interés superior del niño. México ratificó dicho Convenio en 1994 y cuenta con una legislación variada en la materia.

 

La adopción nacional es únicamente de la competencia de cada país y por consecuente, cada país, e incluso las entidades federativas en los países federales, pueden determinar sus normas y sus criterios de manera independiente.

 

En México, la adopción nacional es regida por el Código Civil Federal (artículo 410-A a 410-D para la adopción nacional). En México, conviven diferentes tipos de adopción: a pesar de que la ley federal establece la adopción plena, algunos Estados también siguen con la tipificación de la adopción simple, cada Estado determina libremente los criterios para definir la diferencia de edad entre adoptante y adoptado o las edades mínima y máxima necesarias para adoptar.

 

A través de una reforma legislativa, sería preferible uniformar las legislaciones, los criterios técnicos, y los procedimientos legales y administrativos para contar con tipos similares de adopción. Aquello no solo evitaría vacíos jurídicos y éticos, sino que también facilitaría el flujo de información armonizada en cuanto al perfil de niños declarados adoptables y al perfil de familias deseosas de adoptar en todo el territorio nacional.

 

En lo que se refiere a los niños privados de cuidado parental, y en particular a los niños en situaciones de acogimiento alternativo (acogimiento por familiares, en hogares de guarda, acogimiento residencial), el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recientemente finalizó las directrices para el uso apropiado y condiciones del cuidado alternativo de los niños y las sometió a la Asamblea General para aprobación. Esas directrices establecen los estándares internacionales para que se provean las modalidades de acogimiento alternativo más adecuadas que promuevan el desarrollo integral y armonioso del niño, mientras se buscan soluciones permanentes. Esas directrices deberían verse reflejadas en las legislaciones nacionales y locales de los diferentes países.

 

Las deficiencias del marco legal nacional dejan abierta la posibilidad de violaciones de sus derechos y la arbitrariedad y discreción en cuanto al cuidado proporcionado. Es deseable una revisión de las medidas legales, administrativas y judiciales de manera a respetar los estándares internacionales en materia de adopción y de cuidado alternativo. 

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