El rescate de 652 personas migrantes hacinadas, sin ventilación ni comida, quienes eran trasladadas en tres tráileres hacia la carretera Ciudad Victoria – Monterrey y de las cuales, 349 eran niños, niñas y adolescentes entre los que se ubicaron a 198 que viajaban solos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, sigue dejando en evidencia la grave ausencia de políticas públicas adecuadas en materia migratoria para la garantía de los derechos de la niñez migrante.
Lo sucedido en la localidad de Oyama (municipio de Hidalgo), en Tamaulipas, es consecuencia de la falta de atención por parte del Estado mexicano y sus autoridades, quienes continúan ignorando la crisis humanitaria en las fronteras, que está teniendo terribles consecuencias para niños, niñas y adolescentes, cada vez más en situación de riesgo en un país donde cada día se reportan 12 personas, entre 0 a 17 años, como desaparecidas.
La política migratoria que hoy desarrolla el Estado es la de criminalizar y seguir sin garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, en especial de niños, niñas y adolescentes, quienes están padeciendo por violaciones a sus derechos. Este desinterés tiene como una de sus expresiones la incomprensión y falta de respaldo que el Ejecutivo demuestra sobre el Sistema de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), quien tiene como función establecer mecanismos de coordinación, políticas, procedimientos y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país y, sobre todo, en las fronteras.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) expresa su profunda preocupación por la falta de mayor interés y capacidad de las autoridades de México y también de Estados Unidos para resolver esta crisis, desde una mirada de incidencia pública que proteja a las infancias, hoy más propensas a caer en redes traficantes de personas, en situaciones similares a las que estuvieron expuestos los 349 niños, niñas y adolescentes rescatados en Tamaulipas.
En REDIM hemos insistido en que una de las soluciones a la dramática situación que vive la niñez migrante, es la creación y aplicación -con apoyo de los Estados- de un Mecanismo Transnacional de Protección Integral para la Niñez Migrante y Refugiada, a partir de la activación y fortalecimiento de los SIPINNAS, con el objetivo de que, desde sus países de origen hasta su país de destino, puedan contar con el acompañamiento de autoridades sensibilizadas y capacitadas para su atención, protección y restitución de derechos.
La dura realidad que enfrenta la niñez migrante demanda la atención de las autoridades mexicanas y estadounidenses. Una mirada a las repatriaciones y detenciones ocurridas entre 2020 y 2021 nos sigue revelando un preocupante aumento. Por ejemplo, de enero a agosto de 2021 un total de 15,696 niños, niñas y adolescentes, entre 0 a 17 años, (12,6% mujeres y 87,4%) fueron repatriados de Estados Unidos a México, esto representa un aumento de 109% en comparación a la cantidad de repatriaciones de niñas, niños y adolescentes que tuvo lugar de enero a agosto de 2020 (7,487 casos en total).
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En cuanto al número de detenciones, el gobierno mexicano ha realizado 27,861 detenciones de niños, niñas y adolescentes migrantes, entre o a 17 años, de enero a agosto de 2021(40,5% mujeres y 59.5%). Esto representa un aumento de 273.3% con respecto a la cantidad de niños, niñas y adolescentes detenidos entre enero y agosto de 2020 (7,463 casos en total).
Con este panorama es evidente, de igual forma, la falta de planes de cooperación pertinentes e inmediatos entre Estados Unidos y México que tomen en consideración el interés superior de la niñez. Tal como lo hemos señalado en anteriores ocasiones, los Estados tienen la responsabilidad de proteger y garantizar los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados que se desplazan por los territorios de nuestra región y hacia las fronteras de México y Estados Unidos.
Por ello, exigimos al Estado y a las autoridades la garantía al respeto de los derechos de los 349 niños, niñas y adolescentes, así como de todas y todos los demás que se encuentran en movilidad permanente en el territorio, de conformidad con la Convención de Derechos del Niño y los instrumentos internacionales que establecen el cumplimiento de la protección, el cuidado y acceso a servicios, incluyendo los marcos normativos o cualquier otro mecanismo que respete los derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condición de movilidad.
Tania Ramírez
Directora Ejecutiva de REDIM
Red por los Derechos de la Infancia en México
