Organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos y de niñas, niños y adolescentes en México rechazamos la decisión de la Fiscalía de Querétaro de iniciar un proceso por el delito de homicidio calificado, en contra de una adolescente de 14 años de edad, quien sufrió un aborto luego de ser víctima de violencia sexual.
Rechazamos también que, en los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público, no sólo se criminalice a una adolescente que sufrió abuso sexual —un elemento por ningún motivo debería ser ignorado por las autoridades y mucho menos, por la justicia mexicana— sino que también se le estén vulnerando sus derechos como mujer, niña e integrante de un pueblo originario; impidiéndole, mediante una orden judicial, asistir a la escuela para que cumpla prisión domiciliaria. Desde la sociedad civil expresamos nuestra consternación por esta situación que, una vez más, deja en evidencia la responsabilidad del Estado mexicano ante la protección que debe garantizar a niñas, niños y adolescentes.
Tengamos presente que, en 2020, 2.4% de las mujeres entre 12 y 17 años eran madres en México, según cifras del INEGI publicadas en el Censo 2020. Esto quería decir que 153,485 mujeres de menos de 18 años tenían al menos un hijo/a, nacido/a, vivo/a ese año, en un país donde a niñas y adolescentes, y en particular, quienes son víctimas de violación, todavía no se les garantizan sus derechos, en especial, los consagrados en el 4to principio constitucional que obliga al Estado mexicano a priorizar el interés superior de la niñez, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño.
Saludamos todas las expresiones de respaldo que desde distintos ámbitos de la sociedad y el Estado se han pronunciado sobre esta situación para rechazar que se criminalice a Esmeralda. Llamamos al Poder Judicial de Querétaro, quien en los próximos días deberá fijar la fecha de audiencia, para que juzgue con una perspectiva de infancia y adolescencia y enfoque de género en este caso, desestimando la acusación por homicidio calificado en contra de esta adolescente. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia despenalizó el aborto en México, por lo que no existen razones para juzgar a Esmeralda. Por el contrario, la justicia mexicana tiene la obligación de iniciar un proceso de restitución de derechos para que esta adolescente recupere su integridad y sea tratada con dignidad y respeto. Urge, por lo tanto, revisar la violencia institucional que se ejerce en contra de las niñas y adolescentes que sufren violencia sexual en México.
Organizaciones firmantes
- Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
- Transforma, Desarrollo e Impulso Social, A.C.
- CreSer para un Desarrollo Integral, A.C.
- Coincidir Mujeres, A.C.
- Construyendo Ciudadanía, A.C.
