El pasado 9 de febrero ocurrió la muerte del niño con discapacidad Ángel Manuel Moreno, de 14 años de edad, en las instalaciones del DIF Fabriles y la inmediata cremación de su cuerpo. Cabe recordar que la incineración de cadáveres sólo podrá realizarse con la autorización del oficial del Registro Civil que corresponda, quien exigirá la presentación del certificado de defunción (art. 348 de la Ley General de Salud), en el cual deben constar las causas de la misma.
Los hechos fueron de conocimiento público hasta el 16 de febrero, a través del periodista Víctor Badillo, quien informó de presuntas irregularidades en torno a la muerte del niño en el citado albergue del DIF estatal. Como contexto, mencionó el traslado del niño al DIF Fabriles, por su participación en la toma de una sección de DIF Capullos la tarde del domingo 28 de noviembre de 2021, reclamando malos tratos.
La titular de la Oficina Amar a Nuevo León, señora Mariana Rodríguez, informó sobre el perfil psicológico de los cuatro adolescentes, destacando sus discapacidades y omitiendo que Ángel Manuel estaba bajo la responsabilidad del DIF desde que él tenía cuatro años de edad. En su momento, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León estableció medidas precautorias sobre estos hechos.
Es necesario recordar que el DIF Fabriles se destina a la atención de niñez migrante y que, por malos tratos, en agosto del año pasado escaparon siete adolescentes del lugar. De acuerdo con lo observado por la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos este albergue tiene capacidad instalada para 60 niñas y niños, pero en algún momento llegó a albergar más de 200, es decir, que estuvo sobrepoblado.
El 17 de febrero el periodista Víctor Badillo amplió la denuncia con fuentes anónimas, quienes aseguraron ser testigos del presunto homicidio del niño Ángel Manuel a consecuencia de golpes recibidos por un funcionario estatal de nombre Raymundo y el posible manejo inadecuado de sedantes. Según las personas denunciantes, cuando llegó la ambulancia el niño ya estaba muerto.
Llama la atención el silencio institucional ante la muerte de un niño en las instalaciones del DIF vinculado a las medidas precautorias de la CEDHNL, y ante las denuncias publicadas desde el 16 de febrero. Fue hasta el viernes 18, a través de una cuenta no verificada y de reciente creación, denominada Oficina de Comunicación Nuevo León @OficinaCOMNL que se envían tres tuits: “Sobre información que circula en redes sociales, es necesario precisar que a las 01:54 horas del día 9 de febrero, en las instalaciones del Centro Fabriles de la ciudad de Monterrey, falleció un menor de 14 años tras presentar diversos malestares estomacales.” “Pese a los esfuerzos del personal médico de guardia, un choque séptico de abdomen provocó el lamentable deceso.” “La tutela permanente del menor estaba a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde se agotó hasta el último recurso para atenderlo.”
El traslado irregular del niño con discapacidad al albergue Fabriles dedicado a niñez migrante y el posible incumplimiento de las medidas precautorias de la Comisión de Derechos Humanos emitidas el 1 de diciembre de 2021 que establecen: “Que se designe personal para la vigilancia y monitoreo permanente de los menores de edad […] a fin de evitar cualquier acto en contra de la integridad física y seguridad personal de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en resguardo, protegiendo efectivamente sus derechos humanos, a fin de que no les sean transgredidos” obliga al Sr. Gobernador de Nuevo León y a las autoridades relacionadas, a transparentar todo lo concerniente a las presuntas irregularidades en torno a la muerte de Ángel Manuel Moreno, ocurrida en las instalaciones del Sistema DIF estatal.
Resulta inconsistente la información oficial vertida hasta el momento pues, si “en todo momento estuvo bajo la supervisión del médico de guardia”, es inadmisible que la muerte haya sucedido a causa de malestares estomacales que culminaron de manera repentina en sepsis. Tampoco resulta clara la relación entre las condiciones clínicas concernientes a una discapacidad psicosocial (pormenorizadas por la autoridad en un reciente comunicado) y un episodio de carácter estomacal.
Por ello, de las autoridades de Nuevo León y del orden federal, solicitamos las siguientes medidas urgentes:
– Informar sobre la integridad y resguardo de los cientos de niñas y niños albergados en el DIF Capullos y en el DIF Fabriles;
– Establecer medidas de protección a la integridad y para el manejo de este duelo hacia los más de 200 niños, niñas y adolescentes que permanecen en el albergue Fabriles;
– Transparentar, en las cuentas y canales oficiales, toda la información relativa a algún padecimiento previo (y no a su condición de discapacidad), que pueda haber causado la muerte del niño Ángel Manuel Moreno en las intalaciones del DIF Fabriles;
– Ordenar la separación temporal del cargo a las y los directivos de los albergues Fabriles y Capullos, para facilitar las denuncias -tanto ciudadanas como del personal-, mientras se realizan las investigaciones correspondientes;
– Que la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León garantice que las indagatorias se realicen con debida diligencia y enfoque de derechos de infancia; informe sobre los avances de la investigación, garantice la cadena de custodia de las evidencias de los hechos denunciados y genere condiciones propicias para que las personas que tengan mayor información sobre el caso, denuncien sin temor;
– Ofrecer garantías de seguridad y facilidades para que el personal de los centros Fabriles y Capullos puedan ofrecer testimonio ante la CEDHNL y la Fiscalía, sin temor a represalias;
– Informe urgente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León sobre el seguimiento a su petición de medidas precautorias, emitida el pasado 1º de diciembre, y los avances en torno a las irregularidades en la muerte de este niño;
– Que el Sistema DIF Nacional y su Procuraduría de Protección de Niñez inicie una investigación sobre las irregularidades denunciadas y las medidas de restitución de derechos de los cientos de niñas, niños y adolescentes en los albergues que administra el DIF Nuevo León.
