- Se requiere un aumento del presupuesto, número y capacitación de inspectores laborales que supervisen y garanticen los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
- A nivel nacional, 3.26 millones de niños, niñas y adolescentes (entre 5 y 17 años de edad) estaban en situación de trabajo infantil en 2019. Esto representa 11.5% de la población en dicho rango de edad.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (#REDIM) realizó este lunes la presentación del estudio “Compromisos y dilemas del T-MEC alrededor de las políticas laborales, las familias y el trabajo de niñas, niños y adolescentes en México” en el marco de la conmemoración del año y mes internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil en el mundo.
El documento, que incluye un análisis del Capítulo 23 del T-MEC donde se pone en relieve la erradicación del trabajo forzoso u obligatorio, muestra la preocupación de #REDIM, y de miembros de la sociedad civil, de que la regulación e interpretación legal del acuerdo criminalice a las familias en condiciones de pobreza, en un escenario que pueda agravar más la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes ante la presencia del crimen organizado, el deterioro económico y la deserción escolar que se agudizó con la pandemia.
Tania Ramírez, directora de #REDIM, explicó que en México existen diversos factores estructurales asociados al trabajo infantil como la precarización del empleo, la carencia de oportunidades laborales para las familias, las disparidades salariales, así como los obstáculos para el acceso a la salud, alimentación y vivienda digna que deben tomarse en cuenta en materia de trabajo infantil, al igual que la migración laboral, el desplazamiento forzado y ahora los efectos del COVID que han provocado una recesión global, la disminución del PIB y la pérdida de empleos.
Esto ha conllevado a que la existencia del trabajo de niñas, niños y adolescentes en México responda a múltiples aspectos estructurales que son necesarios atender, a través de políticas públicas que prioricen el derecho a la educación, la salud, la alimentación y la vivienda con base en el interés superior de la niñez. Por ello consideró primordial que en el marco del T-MEC se establezca la distinción clara entre el trabajo infantil, trabajo forzado o explotado.
Cifras que obligan a actuar
A nivel nacional, 3.26 millones de niños, niñas y adolescentes (entre 5 y 17 años de edad) estaban en situación de trabajo infantil en 2019. Esto representa 11.5% de la población en dicho rango de edad: 1.13% millones de estas niñas, niños y adolescentes realizaban un trabajo peligroso en sectores como construcción, agropecuario o bares y 1.51% realizaban quehaceres en el hogar peligrosos o en condiciones no adecuadas. Además, 889 mil personas de 5 a 14 años realizaban una ocupación, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La mayor presencia de trabajo infantil forzoso y peligroso también se puede encontrar, además de la agricultura, en la industria textil y el calzado. Asimismo, en la lista de productos exportados a EE.UU. en donde se han detectado trabajo infantil forzoso. Entre estos destacan la exportación de cebollas, pepinos, tabaco, frijoles, melones, pimientos, caña de azúcar, berenjenas, tomates, café, vacas, vestidos y artículos de cuero. A su vez, en otras actividades delictivas y ligadas al crimen organizado, como la pornografía y la producción de amapola, donde se evidencia el trabajo infantil forzado, revelan los hallazgos de la dirección de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB) de EE.UU.
En este contexto, las profundas desigualdades como detonantes del aumento en las cifras de trabajo infantil obligan a tener otras miradas más humanas sobre las actividades económicas que realizan niños, niñas y adolescentes para subsistir y en las que es esencial incorporar la participación y opinión de las diversas infancias involucradas, expresó Jennifer Haza, directora Ejecutiva de la organización Melel Xojobal, A.C. dedicada durante 24 años a la promoción de los derechos de las niñas, niños y jóvenes indígenas en situación de marginación y riesgo social en Chiapas.
La activista, quien participó junto a un grupo de panelistas expertos y representantes de organismos internacionales durante la presentación del informe, coincidió en que es necesario dejar de criminalizar el trabajo en los sectores más empobrecidos del país.
“Creemos que el trabajo de niños, niñas y adolescente es una acción transformadora cuando se realiza en condiciones dignas y protegidas, además ha sido la forma en que por décadas los niños han enfrentado la situación de pobreza. Sin embargo, persisten miradas de criminalización y estigmatización por parte de los organismos internacionales en torno a la erradicación del trabajo infantil (…) son prácticas políticas que, en vez de ayudar, aumentan su vulnerabilidad y desvían el tema, porque dejamos de hablar de los derechos de la niñez para solo hablar de trabajo infantil (…) queremos que se erradique la pobreza y desigualdad. Hay que evitar confundir el trabajo infantil con las peores formas de trabajo, porque ahora con la pandemia habrán más niños, niñas y adolescentes que se incorporen a actividades laborales y por más horas y en peores condiciones inevitablemente”. agregó.
Mejoras a la supervisión de los centros de trabajo
La directora de #REDIM llamó la atención también sobre la ausencia de protocolos de inspección laboral que contemplen una visión integral de los derechos de la infancia, en los que se permitan establecer planes de restitución de derechos individualizados. Asimismo, se refirió a la disminución en el número de inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ( STPS) que pasaron de 758 a 421, entre 2018 y 2019. Argumentó que existe la necesidad de desarrollar mecanismos de justiciabilidad para combatir la explotación.
“Es importante que el Estado incluya en sus políticas públicas aumentar el presupuesto, número y capacitación de inspectores laborales de la STPS que supervisen y garanticen los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. De igual forma, que se establezca una coordinación entre las distintas instituciones federales y estatales que permitan eliminar la explotación infantil y adolescente”.
En 77 países se producen y exportan más de 150 productos con trabajo infantil
A juicio de la agregada de asuntos laborales de la Embajada de Estados Unidos, Mary Ellison, quien también formó parte del grupo de expertos que participó en la presentación del informe, el T-MEC incluye un reconocimiento a los más importantes derechos laborales: a la libertad de asociación, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, abolición del trabajo infantil, así como la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Sin embargo, expresó que hay mucho que hacer para proteger los derechos de este grupo de población ante el alarmante aumento en el número de niños niñas y adolescentes forzados a trabajar por la pandemia.
Actualmente, Estados Unidos ha identificado que en 77 países se producen y exportan 155 productos que se encuentran en la lista de materiales e insumos realizados mediante trabajo infantil forzoso y que son evaluados por un grupo de trabajo presidido por el departamento de Seguridad Nacional para asegurar su prohibición.
“Se han otorgaron 180 millones de dólares para apoyar la implementación de la reforma laboral en México y enfrentar los temas de trabajo infantil forzoso o explotado y la trata. Entre ellos, 90 millones de dólares en actividades de asistencia técnica, de los cuales 50 millones han sido fondos para el T-MEC”.
Estos recursos han sido puestos en marcha en proyectos desarrollados en 28 estados del país, entre los que se incluyen Ciudad de México, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz sobre siete sectores como son: acero espacial, agricultura, automotriz, call center, electrónica minería y acero, reveló.
Desde Ginebra Gabriella Breglia, oficial de investigación política de la Organización Internacional del Trabajo, consideró también evaluar el impacto positivo del T-MEC en la reducción de las vulnerabilidades del trabajo infantil y en las condiciones laborales y de vida de los hogares. La funcionaria destacó la implementación de programas sociales como “Oportunidades” o “Prospera” como medidas gubernamentales para contribuir a disminuir el trabajo infantil.
“Es importante recordar que para enfrentar el trabajo infantil necesitamos varios actores; por supuesto, los gobiernos, pero también las empresas privadas”.
Aumenta participación de mujeres en labores del hogar
Por su parte, Enrique Eliseo Minor Campa, profesor investigador del departamento de economía del Instituto Politécnico Nacional y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Ciudad de México, indicó que en los datos más recientes sobre el aumento de la tasa de trabajo infantil en la niñez mexicana, se puede observar el incremento de mujeres, niñas y adolescentes, haciendo, en mayor medida, labores dentro del hogar a diferencia de los hombres, cuya tasa permanece igual.
“Si revisamos los datos de trabajo infantil que reporta el INEGI, se observa que este venía decreciendo entre 2015 y 2017 pasando de 12.4% a 11 % en la población infantil que también involucra el trabajo en el hogar. Ya en 2019, que es el último reporte, este pasa a 11.5%. Al ver los aspectos se comprueba un aumento en la participación de las mujeres frente a los hombres en el trabajo del hogar. La participación laboral de los hombres fue igual en 2017 y 2019 quedando en 13.6%, mientras que el de las mujeres pasa de 8.4 a 9.2%. Es un elemento que vale la pena tomar en cuenta de cómo están participando la niñas y los jóvenes dentro de la actividades del hogar”.
El investigador apuntó que los datos que se tienen disponibles muestran que los esfuerzos del gobierno mexicano para erradicar el trabajo infantil han sido importantes, pero insuficientes, en especial al demostrarse que la mayor tasa de participación de trabajo infantil se da en hogares en condiciones desiguales.
“En la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo la participación laboral entre niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años alcanzó 12.7% en primer trimestre de 2020. Al analizarlo por niveles de ingresos se comprueba que prevalece el trabajo infantil en la población con ingresos más bajos. Mientras que en 10 % de la población con ingresos más bajo, esta tasa llega a ser hasta de 15.7% de la participación laboral en este rango de edad. Las diferencias que hay en la participación laboral se ve en los ingresos económicos”, resaltó.
De igual forma, Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Oficina de País para México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo, valoró que tras la implementación del TMEC, México haya hecho reformas laborales para adecuarlas a los principios fundamentales de derechos del trabajo conseguidos en el acuerdo.
Furtado de Oliveira dijo igualmente que la criminalización y penalización de las familias plantea desafíos importantes que deben analizarse bajo el enfoque de que los niños, niñas y adolescentes tengan oportunidades de acceder a un trabajo digno y decente con igualdad.
“La importancia de combatir la pobreza es el gran reto de muchos países. Muchas veces la actividad laboral afecta el desempeño escolar, pero también su integridad física y moral. El gran reto es donde existe el trabajo informal porque es allí donde se presenta el trabajo infantil. No hemos logrado conseguir que el trabajo infantil combata el ciclo de pobreza, no hay evidencias. Es fundamental cambiar el discurso, informar y explicar estos derechos. No podemos culpabilizar a las familias, pero independiente de los convenios también depende de la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad romper el ciclo de pobreza”.
El funcionario recalcó la necesidad de coordinar acciones mediante un plan nacional interinstitucional participativo que incluya metas, medios de verificación e indicadores para ser evaluados en un tiempo determinado, donde se pueden agregar las experiencias que las entidades federales tengan y en el que se incluya igualmente al poder judicial y a los operadores de justicia.
Tanto REDIM como la OIT, académicos y miembros de la sociedad civil reiteraron que los acuerdos comerciales firmados por el Estado mexicano deben establecer paralelamente compromisos comunes que erradiquen o disminuyan la pobreza y las desigualdades sociales, con el objetivo de permitir espacios de desarrollo para los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Para más información sobre el trabajo infantil y otros temas relacionados a la niñez mexicana puede consultar la recopilación de nuestros datos oficiales en el sitio de Tableau Public.
