30 de julio de 2021.
Desde la Red por los Derechos de la Infancia en México (#REDIM) queremos expresar nuestra más enérgica condena a la continua invisibilización de niñas, niños y adolescentes en las decisiones de políticas públicas que afectan sus derechos. En particular, en temas tan fundamentales como el derecho a la salud para niños, niñas y adolescentes en plena pandemia mundial.
En esta oportunidad, manifestamos nuestro absoluto rechazo ante una posible resolución del Estado mexicano de dejar de adquirir dosis contra el COVID-19 para niños, niñas y en especial, para adolescentes que quedarían por fuera del proceso mundial de vacunación que se lleva a cabo en México. Recordamos que públicamente el propio mandatario ha argumentado en diversas ocasiones que una las mejores formas de enfrentar a la pandemia, es a través de la vacunación.
Si bien la evidencia científica debe ser uno de los criterios rectores en esta decisión, la discusión sobre la subordinación a las farmacéuticas no debe guiar una decisión que debe estar orientada a garantizar derechos. La evidencia de los datos oficiales nos dice que cerca de 600 niñas, niños y adolescentes han fallecido en México por COVID, de forma que minimizar o invisibilizar este impacto sobre la vida de nuestras infancias sería sumamente grave. Desde #REDIM nos solidarizamos con las familias que han perdido niñas y niños por causa de esta pandemia y hacemos esta alerta con base en dicha evidencia, no como parte de ningún tipo de campaña de opinión.
Resulta fundamental que las máximas autoridades en la gestión de esta pandemia no alienten decisiones de no avance en la vacunación, sin tomar en cuenta el interés superior de la niñez; especialmente porque esto se vincula con la estrategia de regreso a clases presenciales, de manera segura, ponderando los riesgos y derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes mexicanos, así como la obligación del Estado en garantizarlos.
Desde #REDIM saludamos la decisión del gobierno federal de anunciar el retorno a las clases presenciales, a partir del próximo 30 de agosto para los casi de 30 millones de niñas, niños y adolescentes que están inscritos para el ciclo escolar 2021-2022, pues consideramos que el anuncio puede abonar el terreno para iniciar la recuperación de la interacción física y social como parte del desarrollo integral de las infancias, una de las poblaciones más afectadas por los efectos perniciosos que ha ocasionado la pandemia, tales como crisis de aprendizaje, problemas de salud mental, incremento del abandono escolar y trabajo infantil, entre otros. No obstante, vemos con gran preocupación y asombro un adelanto hacia la decisión de excluirlas de la vacunación, bajo el argumento de que aún no existe una recomendación de las autoridades sanitarias para hacerlo, a pesar del incremento de contagios que actualmente se están produciendo por la tercera ola del COVID-19 en México.
Las cifras del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente (SIPINNA) sobre la propagación del virus en niñas, niños y adolescentes dan cuenta de su impacto en la niñez. Sólo hasta el 25 de julio de 2021, 57,490 niñas, niños y adolescentes en México (28,441 mujeres y 29,049 hombres) habían sido infectados por COVID-19. De ellos, 595 niñas, niños y adolescentes (268 mujeres y 327 hombres) habían muerto a causas de la pandemia, de acuerdo con información de SIPINNA.
Consideramos que de mantenerse la decisión así formaría parte de la constante invisibilización y exclusión hacia las infancias que está marcando un grave retroceso en las conquistas ganadas hacia el respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes estipuladas en la Convención de los derechos del Niño, suscrita por el Estado mexicano. La centralidad de niñas, niños y adolescentes en cualquier política de salud en la era COVID debe ser inamovible; lo mismo en vacunación que en la atención al desabasto de medicamentos oncológicos y de otras patologías y la falta de prevención para la cobertura de otras vacunas desde el año 2019 como la de la tuberculosis (BCG), hepatitis (HepB), sarampión, difteria, tos ferina y tétanos (DPT3, Tdap, TT) para los recién nacidos, de acuerdo con datos del Informe de País del PAI.
Hay que prestar atención a lo que se investiga y se está haciendo en países de nuestra región, en donde no existen intereses comerciales de farmacéuticas ni campañas, pero sí desarrollo médico en los que se está incursionando en pruebas hacia la vacunación para personas menores de 18 años de edad; teniendo en consideración además que, en los actualmente momentos, las mutaciones del virus como la variante Delta, está afectando a personas jóvenes como niños, niñas y adolescentes.
Es importante reiterar la responsabilidad que tiene el Estado mexicano de garantizar la activación de todos los mecanismos disponibles, en materia de políticas públicas, para que el regreso presencial a las escuelas se haga de manera segura, incluyente y participativa; protegiendo tanto a estudiantes como para al personal educativo, en respeto al derecho a la educación, pero también al derecho a la salud, en momentos en el que el mundo se enfrenta a una emergencia sanitaria como es la pandemia del COVID-19.
Exigimos nuevamente a las autoridades que se comprometan a garantizar el proceso de vacunación efectiva para toda la población escolar y docente y en general, para quienes laboran en las escuelas públicas e instituciones privadas.
Autoridades deben garantizar condiciones
adecuadas para regreso a clases
En cuanto al regreso a clases queremos sostener la reflexión sobre las muchas interrogantes respecto a, en qué estado se encuentran actualmente las instituciones educativas y si éstas cuentan con todas las condiciones físicas de salubridad, imprescindibles para recibir a los miles de niños, niñas y adolescentes que acudirán a las aulas.
De la misma manera, es oportuno recordar el compromiso que tienen las autoridades para asegurar también el acceso a insumos básicos de higiene, sobre todo en aquellas escuelas que carecen de infraestructura y servicios adecuados como escuelas rurales, semirrurales o aquellas ubicadas en municipios con baja densidad demográfica; tomando en cuenta que en la actualidad existen diversas colonias que se encuentran sin acceso al agua potable.
Es primordial también que la información sobre los protocolos y prácticas de higiene que se manejen en el entorno escolar pueda ser conocida por la ciudanía y en especial, cuente con la participación y conocimiento de los propios niños, niñas y adolescentes sobre situaciones que los involucran y afectan de manera directa.
Actualmente, se calcula que 24,597,234 de niñas, niños y adolescentes (12,137,706 mujeres y 12,459,528 hombres) deberían estar inscritos para cursar la educación básica en el ciclo escolar 2021-2022 a nivel nacional, mientras que 4,985,005 de adolescentes (2,562,983 mujeres y 2,422,022 hombres) deberían también hacerlo en la educación media superior, según estadísticas educativas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre el ciclo escolar 2020-2021.
Recuperación del aprendizaje
Asimismo, llamamos la atención de las autoridades de la Secretaría de Educación (SEP) para que la Estrategia de regreso a las clases presenciales no descuide incluir atender la crisis de aprendizaje que hoy está perjudicando a niños, niñas y adolescentes en nuestro país, debido al rezago educativo como consecuencia de la pandemia. Es urgente que se realice un diagnóstico nacional que permita evaluar los índices de aprendizaje y el impacto de la deserción escolar.
Hay que agregar que, en 2020, 16.4% de las niñas, niños y adolescentes, entre 3 a 17 años, dejaron de asistir a la escuela en México, es decir, 5.3 millones. Este porcentaje disminuyó a 15.7% entre las mujeres, mientras que en el caso de los hombres aumentó a 17% entre los hombres. En particular, una tercera parte de la población entre 3 y 4 años (36.5%) tampoco asistía a la escuela y una cuarta parte de las y los adolescentes de 15 a 17 años (27.1%) estaban sin estudiar, de acuerdo con información de INEGI, Censo 2020.
Refrendamos la disponibilidad de #REDIM para formar parte de las reflexiones y decisiones en estas materias como parte de un ejercicio de ciudadanía y, en este sentido, del valor de las organizaciones de la sociedad civil en México para contribuir a promover la garantía de los derechos que tienen nuestras infancias y el bienestar que merecen.
Directora Ejecutiva de REDIM
