En conferencia de prensa, organizaciones de la sociedad civil compartieron hallazgos, tras Visita In Situ a Tabasco.
Tabasco.
Luego de 3 días de recorrido por Tabasco para conocer las necesidades de las personas en movilidad y el trabajo que realizan las autoridades en el lugar, Asylum Access México, el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, el Grupo de Acción por la No Detención de Personas Refugiadas, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM) y La 72, Hogar – Refugio Para Personas Migrantes, se encontró con preocupación, que las limitadas capacidades financieras y de personal, por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), así como la falta de coordinación y comunicación con el Instituto Nacional de Migración (INM), impiden que las personas accedan con agilidad a la documentación migratoria o puedan gestionar procesos de solicitud y reconocimiento de la condición de refugiado; dejándolas a la deriva y bajo el riesgo de ser deportadas a sus países, sin una evaluación de sus necesidades de protección.
Como parte del recorrido, se llevaron a cabo diversos diálogos con personas migrantes y con necesidades de protección internacional, quienes señalaron cómo la falta de atención, información adecuada, traductores, acceso a permisos para trabajar y tiempos prolongados de espera (de hasta 3 o 4 meses) para realizar trámites, les deja a la deriva durante la espera del inicio de un proceso migratorio o de solicitud de asilo.
Mientras que en las reuniones con representaciones locales de gobierno en Tenosique y Villahermosa, como la COMAR, mencionaron que no tienen capacidad de atención ante el incremento de la población migrante en esa zona del país. Hasta 2022 sólo existían 4 oficinas de la COMAR en todo el país, hoy existen 9. Uno de los impactos de no contar con un presupuesto adecuado al contexto y las distintas realidades, es la capacidad limitada de las oficinas de COMAR en territorio mexicano, siendo éste el tercer país donde más se solicita asilo, sólo detrás de Alemania y Estados Unidos.
Por otra parte se identificó que el INM sigue deteniendo a la niñez y adolescencia y a sus familias, pese a que la Ley de Migración establece lo contrario desde noviembre de 2020. Aunque próximamente se habilitará un albergue para familias, niñez y adolescencia en Tenosique, preocupa que la migración siga manteniendo un modelo de privación de la libertad que no garantiza el Interés Superior de la Niñez.
Tampoco existe una coordinación entre las diferentes autoridades que permita identificar las necesidades de las personas que entran por esa zona del país, resultando incluso, en violaciones al principio de no devolución al regresar a sus países a población con necesidades de protección y poniendo en riesgo sus vidas.
El recrudecimiento de la política migratoria de contención hace que las personas en movilidad experimenten no sólo más rechazo y violencia por parte de las autoridades y de la sociedad, sino barreras para acceder a servicios de salud, educación, trabajo y acceso a la justicia.
Cada visita in situ es una oportunidad de conocer las condiciones que enfrentan las personas en movilidad y reiterar a las autoridades federales y locales la importancia de que generen estrategias conjuntas para atender las necesidades de las personas en movilidad.
Desde las redes y organizaciones convocantes se hizo un llamado a las autoridades para que faciliten la labor de monitoreo y documentación que realizan las personas defensoras permitiendo los ingresos a estancias y oficinas de atención a población en movilidad; así como fortalecer la coordinación interinstitucional entre las entidades obligadas a garantizar los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional.
Las organizaciones también urgieron al Congreso de la Unión a que derogue las disposiciones que facultan a la Guardia Nacional para llevar a cabo acciones de control migratorio en colaboración con el Instituto Nacional de Migración y que se acate la sentencia de la SCJN en tanto a la eliminación de los controles migratorios establecidos en los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración; así como avanzar hacia la excepcionalidad de la privación de libertad de personas en contextos de migración, particularmente de personas sujetas a protección internacional.
Particularmente, se instó al Congreso del Estado, aperturar espacios de reflexión y de diálogo sobre la valoración de crear una ley de atención de las migraciones en la entidad que aborde las distintas dimensiones migratorias, derechos y coordinación interinstitucional necesaria para la garantía, protección y respeto a sus derechos.
Esta visita in situ forma parte de un trabajo colectivo de la sociedad civil para identificar, con la participación de organizaciones locales, las necesidades de la población en movilidad en las fronteras sur y norte del país e impulsar reformas legislativas y programas en su beneficio. En 2022 se llevaron a cabo visitas a Ciudad Juárez y Tapachula.
