- Entre las recomendaciones no aceptadas, destacan temas centrales para abordar la crisis actual de derechos humanos en el país, constatada por los Estados que lo evaluaron en el marco del Examen Periódico Universal.
- Las recomendaciones aceptadas constituyen una hoja de ruta que el gobierno entrante debe tomar en cuenta para construir políticas y programas en materia de derechos humanos.
El Estado mexicano compareció ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en una sesión en la que respondió a las recomendaciones recibidas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo que examinó por cuarta ocasión la situación de los derechos humanos en el país y el nivel de cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano.
México recibió 318 recomendaciones por parte de 115 países, que se traducen en un balance de los avances, pero también de los grandes pendientes. De esta manera, mientras se destacaron logros en materia social, se evidenció la persistencia de una crisis de derechos humanos, llamando a las autoridades mexicanas a tomar acciones para abordarla.
Si bien es relevante que entre las recomendaciones aceptadas el Estado reconozca desafíos en temas como la violencia contra mujeres y niñas; desapariciones forzadas; migración y desplazamiento forzado interno; la igualdad de género; independencia judicial; tortura; combate a la impunidad; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; o empresas y derechos humanos; así como para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes; pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes; personas LGBTIQ+; personas con discapacidad; personas privadas de la libertad; personas periodistas y defensoras de derechos humanos; entre otros, la posición de México dejó de lado algunas de las cuestiones más apremiantes en el contexto actual.
Lamentablemente, las recomendaciones sobre las cuales el Estado tomó nota, sin aceptarlas, abordan temas en materia de justicia, seguridad, migración y desplazamiento forzado interno que se encuentran en la agenda actual de discusión pública. Entre estas, destacan las referentes a la eliminación de las figuras de prisión preventiva oficiosa y arraigo; la aprobación de una ley en materia de desplazamiento forzado interno y modificación de la Ley de Migración para eliminar disposiciones que permiten la detención administrativa de personas migrantes; la adopción de medidas para prevenir y eliminar el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad; y cuestiones relacionadas con la militarización de la seguridad pública, como el retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de tareas civiles, el establecimiento de mecanismos civiles externos para la rendición de cuentas de los agentes militares en este contexto y la investigación de los casos de vigilancia de la población civil por las fuerzas de orden. La postura del Estado mexicano al no aceptar estas recomendaciones contrasta con sus obligaciones internacionales en derechos humanos y con la perspectiva de la comunidad internacional expresada en las mismas, así como con el diagnóstico que realizamos desde la sociedad civil.
Mientras que, por primera vez en este mecanismo, los Estados emitieron recomendaciones sobre la militarización en el país, en su respuesta México sostuvo afirmaciones que no se sostienen con la realidad nacional y con la documentación e investigación de varias organizaciones de la sociedad civil, al afirmar que la Guardia Nacional (GN) se ha consolidado “siempre bajo el mando de una autoridad civil”, mientras que el Titular del Ejecutivo presentó nuevamente una iniciativa de reforma para adscribir a la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional y suprimir los candados democráticos de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad y en otras áreas de la vida pública. De la misma forma, pese a aseverar que “en México no se espía ni se vigila a nadie”, se han revelado evidencias contundentes sobre actos de vigilancia ilegal por autoridades de investigación y el Ejército incluso durante la actual administración, contra organizaciones de la sociedad civil, periodistas y activistas. Adicionalmente, el rechazo a las recomendaciones sobre arraigo y prisión preventiva oficiosa da cuenta de la posición que ha tenido la presente administración buscando ampliar esta última figura. Finalmente, en el tema de desplazamiento interno la no aceptación de las recomendaciones contrasta con lo que desde la propia ONU constató la Relatora de Desplazamiento Interno tras visitar el país en 2022 y sobre los pendientes de México en este ámbito.
Frente a los desafíos para abordar la crítica situación de derechos humanos en el país, desde el Colectivo EPUmx llamamos al Estado mexicano, y en particular, a la próxima administración, a considerar seriamente las recomendaciones de las que ha tomado nota en la medida que abordan temas cruciales para abordar la situación que vive el país y asumir las recomendaciones aceptadas como una guía para la adopción de políticas y programas concretos. Asimismo, instamos a que en la implementación de estos compromisos internacionales se tome en cuenta la participación de sectores amplios, incluyendo la sociedad civil y colectivos de víctimas y sus familias.
A la comunidad internacional y su cuerpo diplomático hacemos un llamado a monitorear las recomendaciones aceptadas por México y dar seguimiento a aquellas que no fueron asumidas, a efecto de que sean parte de los diálogos y consultas bilaterales que sostienen las acciones de cooperación, ratificando que el rol de la comunidad internacional en México ha sido clave para acompañar la labor de la sociedad civil en materia de derechos humanos y sobre todo las denuncias de las víctimas.
Las organizaciones que integramos esta articulación nos mantendremos atentas a los pasos que tome el Estado para cumplir con las responsabilidades derivadas de este cuarto ciclo del EPU y reiteramos nuestra disposición de colaborar con las autoridades para su materialización.
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