Organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa de los derechos de las infancias, migración y derechos humanos en México llamaron a los poderes Ejecutivo y Legislativo a cumplir con el mandato constitucional (Art.4) de priorizar el interés superior de la niñez y proteger los avances alcanzados, a través de la creación del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) como órgano encargado de articular políticas públicas para proteger, respetar y garantizar integralmente los derechos de niñas, niños y adolescentes. Para ello es fundamental rechazar cualquier reforma que conlleve trasladarlo y reducirlo a una unidad administrativa del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SN-DIF), al ser dos instancias de naturalezas complementarias, pero totalmente diferentes.
En conferencia de prensa realizada en la Cámara de Diputados, junto a diputadas integrantes de las Comisiones de Niñez y Adolescencia, las organizaciones reiteraron su rechazo y preocupación por la iniciativa de proyecto de decreto presentada el pasado 18 de abril de 2023, que plantea nuevamente modificar la estructura y posición actual del SIPINNA como órgano descentralizado de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y mecanismo de coordinación entre instituciones, cuyo trabajo ha sido resultado de años de lucha de la sociedad civil. La medida representa un grave retroceso en materia de derechos para las infancias, que afectaría a casi 40 millones de personas (más de 38 millones de niños, niñas y adolescentes que constituyen a una tercera parte de la población en México), además de desconocer a niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos, advirtieron; mientras mostraban una “urna” con carteles que rezaban “Niñez Primero” y “No te metas con SIPINNA” para representar simbólicamente su “muerte” como Sistema garante de los derechos de las infancias en el país, en caso de que se intente aprobar el proyecto de reforma durante el próximo periodo de sesiones ordinarias o extraordinarias del Congreso, previstas en septiembre.
“Esto nos devolvería al México de hace 40 o 50 años, antes de la Convención de los Derechos de la Niñez, en donde se pensaba que una sola institución, de carácter asistencial, podía hacerse cargo de la tercera parte de la población. El gran logro legislativo del SIPINNA es colocar a la política pública de la niñez como un mandato de todas las instituciones del Estado mexicano desde el enfoque de derechos humanos; por lo que colocarle dentro del DIF es dejarlo inoperativo técnica y políticamente. Desmantelarlo sería matar al SIPINNA y a todos los avances y políticas que México ha logrado en derechos de la niñez y adolescencia. El argumento del ahorro presupuestal también es falaz, pues su diseño institucional como Sistema promueve que cada instancia del Estado, de allí su carácter transversal. El presupuesto asignado al SIPINNA es 106 veces menor que el que se otorgó este año para defensa nacional y entre 20 y 50 veces menor que el del SN-DIF*. Hoy la política de niñez representa menos de la centésima parte de lo que el país ha invertido para militarizar las calles”, resaltó Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de las Infancias en México (REDIM).
Las organizaciones alertaron que desmantelar el SIPINNA (órgano que debe presidir por el Presidente de la República) para desarticularlo y convertirlo en una oficina no sólo degrada a la niñez y adolescencia mexicana al evadir la responsabilidad del Estado para destinar recursos suficientes hacia su protección. También atenta contra la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Convención de los Derechos de la Niñez, además de la Constitución mexicana. El próximo año México tendrá que rendir informes ante el EPU y el Comité de Derechos de la Niñez y esto podría ser calificado de un acto de regresividad.
Asimismo, instaron a fortalecer, en vez de disminuir, capacidades y recursos a todas las instituciones que bajo la coordinación del SIPINNA convoca a entidades e instancias que deben garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, incluyendo a la niñez migrante.
La preocupación de las organizaciones de la sociedad civil mexicanas sobre la posibilidad de que se destruya al SIPINNA es compartida por exvicepresidentes, expertos y expertas independientes que han acompañado al Estado mexicano desde el Comité de Derechos del Niño de la ONU, quienes también advierten que de ejecutarse la reforma sería contraria al derecho internacional de los derechos humanos, especialmente a la Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos Protocolos Facultativos, de los cuales México es Estado Parte, al tiempo que recordaron que el SIPINNA es considerado el diseño institucional más avanzado que se ha logrado en las Américas para la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia.
