San Salvador, El Salvador. Organizaciones de la sociedad civil de Honduras, Guatemala, El Salvador y México instan a los Estados a asumir su responsabilidad en la protección y garantía de derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados que se desplazan por los territorios de nuestra región y hacia las fronteras de México y Estados Unidos.
“Hacemos un llamado urgente y enérgico a los Estados para que asuman la responsabilidad contenida en la Convención de Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales, que establecen la adopción en materia de protección, cuidado, acceso a servicios, de marcos normativos o cualquier otro mecanismo que respete los derechos humanos y que garantice los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como el principio del interés superior de la niñez”.
La crisis humanitaria que se vive actualmente fue uno de los temas centrales durante la reunión anual que se realiza a nivel regional, con el fin de exponer la crítica situación de emergencia por la migración de niñas, niños y adolescentes durante los últimos meses en el contexto de la pandemia. El encuentro reunió durante tres días a la Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental (ACISAM) en El Salvador; las redes de derechos de la niñez y adolescencia Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA) de El Salvador; la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (CIPRODENI) de Guatemala; así como a la Coordinadora de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN) de Honduras y a la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
Las desigualdades sociales y el impacto económico que la pandemia del COVID-19 ha tenido en las familias con menos recursos sigue siendo uno de los principales detonantes de la #NiñezMigrante y refugiada, aunado a los críticos escenarios de violencia a los que se enfrentan. La corrupción, impunidad, inseguridad, el limitado acceso a la educación integral, violencia intrafamiliar y feminicidios son algunas de las causas que actualmente motivan la movilidad y la migración, coincidieron. De acuerdo con COIPRODEN, en Honduras el 77% de las niñas, niños y adolescentes viven en hogares pobres. Además, más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes en edad escolar no tienen acceso a la educación en el país y se registra una tasa de homicidios de 44 muertes por cada cien mil habitantes, de los cuales más de 55% son personas menores de 30 años.
Tanto así que se estima que cada 22 horas un niño o niña es asesinado en el país, lo que evidencia que la migración de niñas, niños y adolescentes se da por violencia, pobreza o la falta de acceso a los servicios. A ello se añade otro dato: al 6 de septiembre 5,497 niñas, niños y adolescentes han retornado a Honduras, de los cuales 88% viajaba no acompañado.
Por su parte, la RIA destacó el incremento que se observa en el número de detenciones de niños, niñas y adolescentes provenientes de El Salvador. Como ejemplo vale mencionar que en febrero de 2021, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) detuvo a 1,774 salvadoreños que buscaban entrar a Estados Unidos sin documentos. Esto significó un aumento de 28% de los 1,488 que la oficina registró en febrero del año pasado. Asimismo, en marzo de 2020 fueron detenidos 1,569 menores de edad no acompañados; cifra que supera los 1,385 de marzo 2019 y que representa un crecimiento del 537%. Sin embargo, 3,592 menores de edad salvadoreños fueron detenidos en el año fiscal 2021 (octubre-marzo).
CIPRODENI, de Guatemala, agregó que la grave situación de violencia se refleja también en los asesinatos de niñas, niños y adolescentes, incrementados durante el primer semestre de 2021, en comparación con 2020. Es así como Guatemala pasó de 278 asesinatos en 2021, a 235 de enero a julio de 2021. A ello se añade un aumento también en la violencia contra niñas y adolescentes, lo que se traduce en siete (7) de cada 10 niñas, niños y adolescentes desaparecidos son niñas, y adolescentes mujeres, siendo un total de 2,855 niñas y adolescentes desaparecidas, pero, además, durante 2020 tres (3) de cada cuatro (4) mujeres desaparecidas fueron niñas y adolescentes. Esto hace visible que las causas estructurales de la movilidad humana forzada en la niñez y la adolescencia son la migración con las violencias, la pobreza y pobreza externa, ausencia de políticas sociales básicas o la reunificación familiar.
REDIM indicó a su vez que de enero a julio de 2021, el gobierno mexicano había realizado 20,186 detenciones de niños, niñas y adolescentes migrantes (40% mujeres y 60% hombres). Esto representa un aumento del 210.2% con respecto al mismo periodo de 2020 (6,507 casos en total). Se agrega que 3,625 personas entre 0 y 17 años, (31.3% mujeres y 68.7% hombres) fueron deportadas por el Estado mexicano entre enero y julio de 2021, lo que significó una reducción de 18.3% con respecto a lo observado de enero a julio de 2020 (4,437 casos en total). De igual forma, 99.3% de las niñas, niños y adolescentes deportadas entre enero y julio de 2021 fueron repatriados a países de América Central, principalmente Guatemala, Honduras y El Salvador. Hay que resaltar que la movilidad de niñas, niños y adolescentes mexicanos se da también en un contexto muy parecido en los otros países, como son las distintas expresiones de violencia. En julio de 2021, por ejemplo, se registraron 678 homicidios dolosos y 55 feminicidios. Desafortunadamente, las infancias y adolescencias se enfrentan también al aumento en los delitos de tráfico de personas contra la niñez que pasaron de155 de enero a julio de 2020, a 227 en el mismo periodo en 2021. Esto bajo un lamentable contexto de carencias: en México, 52.6% de los niños, niñas y adolescentes eran pobres, porcentaje que había aumentado ya de 50.3% en 2018, además, 12.3% presentaba rezago educativo y 27.5% tenía carencia por acceso a servicios de salud.
Las organizaciones y redes redes en Centroamérica y México, tomando en consideración la situación expuesta de la migración, reclamaron la falta de compromiso de los Estados sobre el cumplimiento de garantías en los derechos, que condena a las poblaciones migrantes a vivir permanentemente en una crisis humanitaria, “obligando a las familias a desplazarse internamente o tomando la ruta migratoria en la que se exponen a diferentes riesgos como la violencia, la explotación laboral, el abuso sexual, el trabajo forzado, maltratos, tráfico de órganos y en los peores escenarios la muerte”, expresaron.
Por ello exigen que se atiendan los compromisos internacionales; que se fortalezcan las instituciones de protección y garantía de derechos de la niñez, adolescencia y juventud; respondiendo al contexto, necesidad y particularidad, priorizando aquellas comunidades que han sido históricamente discriminadas y empobrecidas en nuestros países. Asimismo, llaman la atención sobre la aprobación inmediata de las reformas legislativas orientadas a la prohibición de todas las formas de violencia hacia la niñez; el establecimiento de mecanismos de participación; la armonización de las legislaciones nacionales y locales con el estándar de los tratados internacionales; la creación y/o aplicación de protocolos que promuevan la seguridad, bienestar y restricción del uso de la fuerza pública contra las niñas, niños y adolescentes.
Frente a este contexto, el impulso de un mecanismo transnacional de protección de derechos de la niñez migrante se hace urgente, con la participación de organizaciones de la sociedad civil; niñas, niños y adolescentes; instancias públicas y gobiernos de nuestros países, así como organismos internacionales.
Estas medidas deben incluir respuestas estatales para disminuir las causas estructurales que generan la migración o desplazamientos forzados, que tienen que ser valoradas y transformadas desde la perspectiva de la niñez (acompañada y no acompañada) para crear modelos de intervención comunitaria que garanticen la protección integral de la niñez y las familias.
El encuentro se realizó en el marco del proyecto “Mejorar la atención psicosocial y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes y jóvenes en situación de migración y retorno (movilidad humana) en Centroamérica y México” con el objetivo común de mejorar la protección y garantía de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de migración y retorno (movilidad humana) en los países de la región, que cuenta con el apoyo técnico y financiero del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania BMZ y Terre des Hommes Alemania y Suiza.
“Exhortamos a respuestas con estricto apego a los derechos humanos e interés superior de la niñez, adolescencia y juventud por parte de los Estados y las y los tomadores de decisiones”.
