REDIM llama a construir entornos digitales seguros con participación de niñas, niños y
adolescentes, más allá de las restricciones al acceso a internet, las redes sociales y los celulares.
Ante el anuncio de la regulación de contenidos violentos en los entornos digitales, desde la *Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)* nos alegramos por esta decisión que reconoce la importancia de que, en esta materia, se coloque al centro el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, nos preocupa que el decreto Presidencial pueda limitarse a replicar lo ya previsto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y lo que las empresas que dan estos servicios ya tienen por obligación, según el marco jurídico nacional. Los ajustes que debemos ver en esta fase tienen que contemplar las evidencias que ya existen sobre fallos en el diseño y atención, usando la evidencia que se ha generado desde la academia, instituciones, organizaciones y las propias niños, niñas y adolescentes usuari@s.
Proteger no es limitar a infancias y adolescencias. Las decisiones sobre el entorno digital no deben reducirse a limitar el acceso a internet, las redes sociales o el uso de celular en las escuelas. El desafío consiste en construir espacios digitales seguros, donde se garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes, al tiempo que se prevengan las distintas formas de violencia que enfrentan en línea. Un diálogo con empresas, y con más actores implicados en la problemática, es positivo y necesario. Por eso en *REDIM* hemos trabajado todo este año en la estrategia *“Clic protegido”* como una articulación que puede y debe ir más allá de diálogos bilaterales, involucrando al legislativo, organismos internacionales, empresas tecnológicas y de telefonía, instituciones públicas, academia, organizaciones y a las infancias y adolescencias sujetas de derechos.
Si bien es positivo el decreto, tenemos que señalar como principal falla que no se ha dialogado con niñas, niños y adolescentes. Así, hay dimensiones de implementación que no se contemplan y se corre el riesgo de no respetar el principio de participación en los asuntos que les competen.
Nos preocupa entonces que la dimensión de “contenidos violentos” sea tan genérica que se pierda en la mexicana naturalización de la violencia; que “evitar la pornografía” se use sin observar las vías de atracción y adicción o supliendo la necesidad de hablar de educación sexual integral; que los “contenidos relacionados con explotación sexual” no consideren las vías de enganche para la trata de personas y el reclutamiento forzado; o que la verificación de edad se haga, no por autodeclaración, sino por reconocimiento facial o de biométricos sin claridad de la protección, gestión y almacenamiento de estos datos sensibles.
Por ello será importante que, en las próximas semanas, se determine el enfoque de derechos en los diálogos necesarios para incluir denuncias y propuestas de niñas, niños y adolescentes, los diálogos legislativos para desarrollar la dimensión de sanciones posibles; que se desarrollen los mecanismos de monitoreo y verificación de los ajustes y las vías para continuar los trabajos, hacia una siguiente etapa que pueda contemplar los retos frente a la Inteligencia artificial. Vivimos una oportunidad única para alcanzar el más alto nivel de protección, dadas las recientes sanciones a estas empresas en la corte estadounidense, así como el interés internacional en esta materia.
En *REDIM* reiteramos nuestra disposición para contribuir a este proceso desde la experiencia acumulada en la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, convencidas y convencidos de que una internet más segura se construye con más derechos, mayor participación y una corresponsabilidad efectiva entre todos los actores.
