Tras el cierre de la visita oficial a México del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria y la presentación de sus conclusiones preliminares, la Red por los Derechos de la Infancias en México (REDIM) insta al Estado mexicano a reparar, garantizar y asegurar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, quienes han sido víctimas de detenciones arbitrarias en el país.
Desde REDIM hemos podido constatar que sí existen detenciones arbitrarias contra niños, niñas y adolescentes. Los y las más vulnerables son las infancias y adolescencias en condición de movilidad humana y solicitantes de protección internacional y refugio. También hemos identificado detenciones arbitrarias enmarcadas en una discriminación basada en la edad y el género, en las que se encuentra poblaciones de niñas y adolescentes culpabilizadas ante la imposibilidad de acceder a una interrupción legal del embarazo, en entidades como Guanajuato, Durango y Nuevo León.
Asimismo, durante el ejercicio de sus libertades, en el contexto de manifestaciones y protestas junto a sus familias y colectivas feministas (León), donde la niñez y adolescencia ha sido victima de golpes, agresiones físicas y verbales e incluso de ahorcamientos, humillaciones y tortura sexual. La niñez callejera es de igual modo víctima de discriminación y estigmas por pobreza. Estar en la calle puede ser interpretado como obstrucción del espacio público y esto ser causal suficiente para ser presentados ante un juzgado cívico.
Tenemos conocimiento de que se han registrado casos de niñez y adolescencia que podrían ser víctimas de reclutamiento forzado, quienes han sido golpeados y detenidos de manera arbitraria. Esto se relaciona con la situación de adolescentes en conflicto con la ley penal, a quienes se les señala y estigmatiza como responsables “por haber delinquido como adultos”. Esta situación fue presentada por REDIM ante el Grupo de expertos durante los encuentros que sostuvieron con integrantes de la sociedad civil en su visita a México.
Luego de presentar sus conclusiones, compartimos nuestra preocupación con los hallazgos del Grupo de Trabajo en los que se señala que “la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y con demasiada frecuencia es el catalizador de malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias”, en donde la militarización sigue dejando su huella, a través de la actuación de las Fuerzas Armadas mexicanas y la Guardia Nacional.
Rechazamos y condenamos las detenciones arbitrarias en contra de los grupos de la población en vulnerabilidad doble, entre los que se encuentran las infancias y adolescencias migrantes y solicitantes de asilo que terminan detenidos, junto al resto de la población de migrantes, más allá de 36 horas; contrario a lo establecido en la Constitución, como lo pudo constatar el Grupo. Actualmente, de acuerdo con datos de la delegación de la ONU, 126 mil niños, niñas y adolescentes han sido colocados en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), sin oportunidades de atención y desarrollo y sin garantías plenas a sus derechos como la educación o la salud, tal como lo demanda el cumplimiento del 4to mandato constitucional que establece que el Estado mexicano debe priorizar el interés superior de la niñez. Rechazamos también que se les restrinja la libre circulación y movilidad a las infancias que se encuentren en espacios que deberían ser de protección, como en el caso de los albergues; en condición similar a la de adolescentes detenidos bajo el régimen jurídico especial, quienes tampoco cuentan — y que también rechazamos — con espacios que muchas veces carecen de las condiciones y el trato que puedan garantizar la adecuada supervivencia, desarrollo e incluso la vida.
Tania Ramírez Hernández
Directora Ejecutiva
Red por los Derechos de la Infancias en México (REDIM)
Crédito foto: @ONUDHmexico
