• El Estado debe asumir su responsabilidad. Entender que las condolencias son insuficientes para un drama humano que los Estados involucrados no pueden y ni deben seguir ignorando
• En REDIM hemos propuesto en diversas ocasiones la creación de un Mecanismo Transnacional de Protección Integral para la niñez migrante y refugiada, con el fin de atender la crisis humanitaria
• De enero a octubre de 2021, el gobierno mexicano ha realizado 48,707 detenciones de migrantes entre 0 y 17 años (20,003 mujeres y 28,704 hombres).
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) expresa su más profunda tristeza por el trágico accidente vehicular ocurrido en la Carretera Chiapa de Corzo – Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, ubicado al sur de México, en el que viajaban 150 personas migrantes hacinadas en un camión, según reportes de prensa, y que ha dejado como consecuencia el lamentable fallecimiento de al menos 55 personas migrantes y otros 105 afectados entre los que se encuentran 19 niños, niñas y adolescentes, según reportes de las autoridades. Las víctimas provenían en su mayoría de Guatemala, Honduras, Ecuador, República Dominicana y México, entre otros sin procedencia aún sin identificar, de acuerdo con cifras preliminares de Protección Civil Chiapas.
Desde REDIM queremos manifestar nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a las familias de las y los fallecidos. Exigimos a las autoridades que brinden toda la atención requerida a las familias, de conformidad con la Ley General de Víctimas, y se les garantice el acceso a la justicia, en respeto al marco jurídico internacional que obliga al Estado mexicano, tomando en consideración, en todo momento, los derechos humanos y el interés superior de la niñez en los casos que corresponda y se aplique.
Este trágico accidente que fue originado por un camión proveniente de Guatemala, es un duro recordatorio para el país de la persistente ausencia de políticas públicas migratorias adecuadas, dirigidas a atender una crisis de atención humanitaria en las fronteras norte y sur y enluta no sólo a las familias de las víctimas migrantes, sino a todas las personas que compartimos el respeto a los derechos humanos que los Estados tienen el deber de garantizar.
La aplicación de medidas enfocadas sólo a restringir la movilidad, criminalizar y negar de facto los derechos humanos de la población en movilidad es la verdadera tragedia detrás de este accidente. La militarización de las fronteras es otro factor que agrava la inseguridad, lo que distrae recursos y atención públicos en vez de implementar esfuerzos en materia migratoria para la garantía de los derechos de las personas en condición de movilidad y en búsqueda de refugio, en especial niñas, niños y adolescentes.
En esta dolorosa conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, debemos recordarle al Estado que la respuesta no puede ser sólo lamentar esta nueva tragedia, que no ha sido un caso fortuito. El Estado debe asumir su responsabilidad. Entender que las condolencias son insuficientes para un drama humano que los Estados involucrados no pueden y ni deben seguir ignorando. Ha fallado la estrategia de desplegar al Ejército para servir como el muro de contención; ha sido fallida la aplicación del programa “Quédate en México”, que obliga a los migrantes a pedir asilo en la frontera sur, mientras esperan su proceso en terceros países (lo que se ha convertido en una medida para el rechazo sistemático de los migrantes, con el fin de obligarlos a pedir refugio en México).
Los Boletines Estadísticos 2021 de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación muestran que, de enero a octubre de 2021, el gobierno mexicano ha realizado 48,707 detenciones de migrantes entre 0 y 17 años (20,003 mujeres y 28,704 hombres). Mientras que al menos 8,181 personas entre 0 y 17 años (2,764 mujeres y 5,417 hombres) fueron deportadas entre enero y octubre de 2021.
Estas medidas restrictivas en la política migratoria están generando rutas clandestinas, violentas y peligrosas a las que miles de personas migrantes son arrojadas. Tal como lo reiteramos las organizaciones de la sociedad civil, el pasado 10 de septiembre en rechazo a represión en la frontera, queremos recordar que “el Estado mexicano cuenta con un marco legislativo nacional e internacional amplio para proteger a las personas migrantes y solicitantes de protección internacional que se encuentran en Chiapas, quienes se han visto obligadas a desplazarse forzadamente ante la falta de respuestas de las autoridades competentes, a través de la regularización y relocalización hacia otras ciudades de México”.
En el caso de las infancias y adolescencias, en REDIM hemos propuesto en diversas ocasiones la creación de un Mecanismo Transnacional de Protección Integral para la niñez migrante y refugiada, con el fin de atender la crisis humanitaria con un enfoque de derechos y acorde con el mandato de la Convención de los Derechos del Niño, del que México forma parte. Queremos recordar también la pertinencia del Sistema de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) para abordar estas situaciones de la manera más adecuada, por lo que deben detenerse los intentos por desaparecerlo. El SIPINNA tiene como función establecer mecanismos de coordinación, políticas, procedimientos y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país con enfoque de derechos.
Por ello reiteramos hoy nuestra exigencia de respeto y garantía de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiadas, teniendo como enfoque el interés superior de la niñez, tal como lo demanda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tania Ramírez Hernández
Directora de la Red por los Derechos de las Infancias en México
(REDIM)
