Este 23 de enero se cumplen 5 años de la detención arbitraria, tortura y abandono de un adolescente[1] que en 2018 fue violentado por 4 elementos de la entonces Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. En esa ocasión, el joven de 17 años fue señalado por “molestar” o “intentar robar” a una persona en la vía pública de la cual, nunca hubo registro. Faltando a sus deberes especiales de protección a personas menores de edad; los elementos policiales realizaron la detención de forma violenta, profiriendo golpes e insultos deliberados; falsearon sus nombres al ser cuestionados por otras autoridades y subieron al adolescente a una patrulla de la misma Secretaría, sin presentarlo ante alguna autoridad judicial o administrativa que corroborara su identidad, su edad y determinara su protección. Durante los siguientes 5 días el paradero del adolescente fue desconocido.
Su familia, organizaciones y la sociedad en general, se unieron en la exigencia nacional de justicia y para su urgente localización. El 28 de enero de 2018, el adolescente fue localizado en un pueblo del Estado de México, desaliñado, desorientado, golpeado y con importantes afectaciones a su salud.
El mismo año en que ocurrieron los hechos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de la primera Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP) de 2017: casi un 70% de adolescentes dijo haber sido víctima de violencia psicológica y retención prolongada, y un 50.2% de violencia física, incluso sexual. Adicionalmente, en el 2020 aproximadamente el 24% de las detenciones de personas adolescentes se registraron en supuesta flagrancia, el 35% por faltas administrativas y en un 41% la autoridad no sabe o no respondió el motivo de la detención[1].
Las detenciones por faltas administrativas, coincidentes con este caso, han sido documentadas por comisiones estatales de derechos humanos y muestran que una gran cantidad de personas adolescentes son detenidas arbitrariamente, torturadas, también sexualmente, sin siquiera llevarlas ante un juez o jueza cívica[1].
Hoy, a 5 años de su detención arbitraria, tortura y abandono, los señalados como responsables siguen impunes, mientras el adolescente y su familia no han tenido acceso a la justicia ni a la reparación integral de los daños causados.
La Fiscalía Especializada contra Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Ciudad de México inició una investigación por los hechos atribuidos a los responsables de su detención. Desde los primeros momentos, se han enfrentado una serie de obstáculos impuestos por la fiscalía para acceder a la justicia, entre ellos destacan las filtraciones de información (imágenes y videos) y ruedas de prensa que estigmatizaron y criminalizaron al adolescente, cambios constantes de agentes ministeriales, ocultamiento y tergiversación de la información proporcionada a las víctimas y la oposición de la fiscalía para actuar en contra de los responsables.
En octubre de 2022, luego de distintas impugnaciones para combatir estos obstáculos, el adolescente y su familia lograron que la Fiscalía elevará el caso ante el Poder Judicial, no obstante, ello no se ha traducido en una imputación o vinculación a proceso de los responsables. Tanto la defensa pública actuando de mala fe, como la Fiscalía y el Poder Judicial faltando a sus deberes de debida diligencia, han retrasado, en 3 ocasiones, la celebración de la audiencia inicial.
El próximo 25 de enero de 2023, el Poder Judicial de la Ciudad de México tendrá la oportunidad de cumplir con su obligación constitucional de garantizar el acceso a la justicia para el adolescente víctima y su familia, procesando y, eventualmente, sancionados, a los señalados como responsables de su detención, tortura y abandono.
El adolescente, su familia y las organizaciones firmantes exigimos que se garantice el interés superior de la niñez, el acceso a la justicia y a la reparación integral en este caso paradigmático de criminalización y abusos cometidos contra personas adolescentes en el país.
Invitamos a los medios de comunicación a sumarse al ejercicio ético, desde el periodismo de infancias, para proteger la “huella digital” de este adolescente, eliminando de sus publicaciones y portales su nombre e imágenes denigrantes circuladas por las autoridades, pues se trata, en su mayoría, de filtraciones ilegales que provocan su revictimización y afectan el desarrollo de su proyecto de vida hasta hoy día.
#5AñosDeImpunidad #JusticiaYReparación #FiscalíaCómplice
Algunas recomendaciones para garantizar el interés superior de la niñez durante
la cobertura de eventos vinculados a niños, niñas y adolescentes.
- En cualquier información o hecho relacionado con niños, niñas y adolescentes debe prevalecer el respeto a su dignidad humana y su derecho a que se salvaguarde su identidad e intimidad personal.
- Por ningún motivo compartir, difundir y exponer imágenes que atenten contra sus derechos, en especial si son de índole explícita que puedan violentar sus derechos y los de sus familiares y puedan revictimizar.
- En casos en los que incluso la propia víctima esté dispuesta a ofrecer su nombre, evaluar la situación y evitar por todos los medios exponerla públicamente para prevenir que su testimonio no genere represalias contra ella o sus familiares. Se recomienda usar seudónimos.
[1] Se omite su nombre para la protección de identidad del adolescente y evitar la constante revictimización que sufre en internet.
[2] Información recabada por el Instituto de Justicia Procesal Penal.
[3] Ver la recomendación 17/2019 de la CDHCM: “Actos de tortura y malos tratos en contra de personas adolescentes y jóvenes”, que documenta 15 casos. También, son ilustrativas las recomendaciones 7/2021 y 1/2022 emitidas por la CEDH de Nuevo León.
