7 de septiembre 2021.
• Entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos en nuestro país.
• Este riesgo obedece a la pobreza, el abandono, la falta de oportunidades, la violencia familiar, el contexto social o la cercanía a zonas con presencia de grupos delictivos.
• Unirse a estos grupos ha llegado a ser la única oportunidad que tienen para salir de un contexto de marginalidad social y económica.
• Las autoridades optaron por la implementación de políticas reactivas que provocaron el aumento de la violencia y violaciones a derechos humanos y han facilitado la corrupción en las instituciones públicas.
• Los cárteles no son los únicos grupos delictivos involucrados en el reclutamiento, pero sí los más visibles. También lo están las familias delictuales y las pandillas.
• 55% de la población en esta situación se concentra en el Estado de México (9.7%), Jalisco (8.6%), Chiapas (8.1%), Puebla (7.8%), Guanajuato (7.3%), Veracruz (7.2%) y Michoacán (6.5%).
El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) advirtieron que entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos en nuestro país.
Enfatizaron que las desigualdades sociales, la falta de oportunidades, los diversos tipos de violencia de los que son víctimas, la deserción escolar y el acceso a drogas son algunos de los factores que han facilitado su captación.
Al presentar el estudio Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México Francisco Rivas, director general del ONC, señaló que en muchas ocasiones esta situación ha llegado a ser la única oportunidad que tiene esta población para salir de un contexto de marginalidad social y económica en la que vive.
Las autoridades, añadió, optaron por la implementación de políticas reactivas que provocaron el aumento de la violencia y de las violaciones a derechos humanos y han facilitado la corrupción en las instituciones públicas.
En ese sentido, la directora ejecutiva de #REDIM, Tania Ramírez, sostuvo que al ser parte de grupos delictivos y ejecutar actividades relacionadas para dichos fines, las niñas, niños y adolescentes se convierten en víctimas. Por ello, añadió, es indispensable partir de la premisa de que no son enteramente libres de decidir, ya que son coaccionados e impulsados de diversas maneras a pertenecer a esos grupos irregulares; para lo cual modificar las condiciones estructurales de la desigualdad es clave en la solución del problema.
El encargado de negocios de la Embajada de Alemania en México, Mirko Schilbach, dijo que le gustaría que la sociedad en su conjunto lograra proteger mejor a sus niños y niñas en el futuro. Este estudio, destacó, ofrece recomendaciones prácticas al respecto.
El estudio elaborado por el ONC y #REDIM, con apoyo de la Embajada de Alemania en nuestro país, señala que México comparte algunas similitudes con los casos de Colombia, El Salvador y Paraguay, donde se presentan contextos de confrontación armada, en los cuales se ha normalizado la violencia.
De manera particular en México, entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes (NNyA) están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos que aprovechan factores como el entorno familiar, la pobreza, el abandono, la falta de oportunidades, la violencia familiar y hasta el contexto social o la cercanía a zonas con presencia de grupos delictivos.
El documento establece que este problema no necesariamente se explica por las condiciones de pobreza. Es por ello que el reclutamiento y utilización de esta población es un problema complejo que requiere de mayores esfuerzos para ser prevenido. Además, aclara que los cárteles no son los únicos grupos delictivos involucrados, pero sí los más visibles. También están presentes las familias delictuales y las pandillas.
El estudio señala que en todas las entidades federativas hay niñas, niños y adolescentes en riesgo. Sin embargo, sobresale que 55% de la población en esta situación se concentra en siete (7) estados: Estado de México (9.7%), Jalisco (8.6%), Chiapas (8.1%), Puebla (7.8%), Guanajuato (7.3%), Veracruz (7.2%) y Michoacán (6.5%), pero destacan los casos de Puebla y Michoacán debido a que son las entidades con mayor porcentaje de su población de niñas, niños y adolescentes vulnerables en riesgo de este fenómeno.
Francisco Rivas reconoció que, desde la perspectiva jurídica, existe protección hacia las niñas, niños y adolescentes, pero advirtió que frente al reclutamiento de este grupo poblacional hay escasa experiencia y pocas herramientas disponibles. Actualmente, explicó, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se encuentra limitado en cuanto a las decisiones o posturas frente al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, ya que solo existe una sentencia, Vargas Areco vs Paraguay en la materia.
“La legislación mexicana en materia de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes carece de una estructura en su norma penal que sea explícita para sancionar sus diferentes modalidades y definir competencia jurisdiccional”, reveló.
Por su parte, Tania Ramírez expresó que el marco legal es débil en México, ya que el reclutamiento no está tipificado y se considera una forma de trata de personas. Respecto a ello enfatizó que “es necesaria la tipificación de esta conducta para darle visibilidad al tema, para reconocer el papel de los grupos delictivos y fincarle responsabilidades como autores de tal delito y para proteger a niñas y niños que son al mismo tiempo víctimas”.
El estudio destaca que en abril de 2021 se creó el “Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por parte de la Delincuencia Organizada”, sin embargo, las instituciones del Estado mexicano aún carecen de un diagnóstico del problema, desconocen su magnitud, así como sus principales causas y efectos.
Además, esta investigación advierte que, “pese a este tipo de iniciativas del Estado mexicano”, persiste una omisión de políticas sociales que garanticen el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes como medida de prevención.
Ante esta problemática tanto el Observatorio Nacional Ciudadano como la Red por los Derechos de la Infancia en México hacen las siguientes recomendaciones:
1. Las Fiscalías deben diseñar estrategias de seguimiento e intervención con personal ministerial enfocadas a la sistematización de carpetas de investigación y casos en los que se haya identificado a niñas, niños y adolescentes involucrados en actividades delictivas.
2. Procesar, clasificar, sistematizar y utilizar de manera coordinada información oficial proveniente de las instituciones del Estado para identificar el número de niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos y así generar un diagnóstico más preciso de este fenómeno.
3. Diseñar programas y acciones que busquen erradicar situaciones de vulnerabilidad en las que niñas, niños y adolescentes se encuentran, específicamente en los casos en que:
a. No asisten a la escuela o no están protegidos sus derechos
b. Se encuentren en el mercado laboral o
c. En alguna situación conyugal distinta a solteros, así como
d. En un contexto de alta incidencia delictiva e inseguridad.
4. Se propone la creación de una Ley General en materia de Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes considerando el ejercicio de Parlamento Abierto.
5. Considerar las implicaciones que la pandemia por COVID-19 tiene sobre este fenómeno, pues se ha incrementado la participación laboral de niñas, niños y adolescentes en las actividades económicas, legales e ilegales, como consecuencia de la crisis económica.
6. Se debe optar por una política de construcción de paz encausada a contrarrestar los efectos que la violencia tiene en las vidas de niñas, niños y adolescentes.
7. Se deben adoptar medidas relacionadas con lo establecido en los instrumentos del Derecho Internacional, con el fin de diseñar e implementar políticas públicas que atiendan de forma específica a la población civil que es víctima de los contextos violentos y que atiendan de manera específica las problemáticas de los niños, niñas y adolescentes vincula dos a grupos criminales, con una lógica de restitución de derechos.
