10 de agosto de 2021.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) saluda la convocatoria a un segundo periodo extraordinario de sesiones aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para discutir este miércoles 11 de agosto el retiro de la protección que goza el diputado Benjamín Saúl Huerta, a través de un procedimiento de desafuero, por estar acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) del delito de abuso sexual contra un adolescente de 15 años de edad.
Recordemos que Huerta fue detenido el pasado 21 de abril por elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cuando el adolescente lo denunció por intentar abusar de él en un hotel de la Ciudad de México. Sin embargo, a las pocas horas fue puesto en libertad por la fiscalía sin que se pudiera seguir la investigación correspondiente, debido a que Huerta cuenta con fuero legislativo. La Fiscalía de la Ciudad de México se ha pronunciado al respecto y ha declarado en diversas ocasiones que la política no debe obstruir la justicia.
En #REDIM queremos reiterar nuestra posición expresada en los dos oficios enviados el pasado 2 agosto a la Cámara de Diputados y al Senado de la Republica, en los que exigimos a las autoridades del poder legislativo no solo llamar de manera inmediata a un periodo extraordinario para resolver este tema con urgencia, sino también a dar un paso al frente para vencer la impunidad y hacer justicia a las víctimas de violencia sexual. Y en este sentido, dar cumplimiento a la Constitución y a los Tratados internacionales en materia de derechos de las infancias que han sido suscritos y ratificados por el estado mexicano.
La protección de las infancias, la Justicia y el abrir el camino del debido proceso es una exigencia que hemos solicitado desde el primer momento que se dieron a conocer los hechos del caso y la denuncia de abuso sexual a un adolescente por parte de un funcionario público del estado. Este caso ha revelado un patrón sistemático de abusos cometidos con anterioridad por el diputado Huerta, tal como se ha denunciado en prensa. El abuso sexual infantil además de ser un delito grave, es un problema creciente en México; cada año, más de 4 millones y medio de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en el país, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar mundial en estos delitos.
En este escenario, el fuero del diputado Huerta ha sido un impedimento para continuar con el procedimiento que se le sigue y garantizar el derecho a la protección que debe tener la víctima, así como el acceso a la justicia. Cada día que pasa representa no solo la impunidad que afecta a las víctimas de abuso sexual en el país. Cabe resaltar que este caso, también es una clara muestra de abuso de poder, además de causar un daño psicológico y continuo para las víctimas y sus familiares, quienes esperan que sean las instituciones las que den el ejemplo. El frenar una investigación en este tema es una manera de mostrar impunidad, además de que estas acciones son contrarias a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y a la Ley General de Los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, principalmente en lo referente al derecho a una vida libre de violencia.
Desde la sociedad civil destacamos nuestra preocupación por la situación, ya que esto refleja una evidente desprotección a las infancias en el país y resaltamos la gravedad de que una autoridad, un servidor público encargado de proteger los derechos haya posiblemente abusado sexualmente de un menor de edad y posteriormente, utilizado su fuero para obstruir la justicia. Llamamos a los representantes del poder legislativo a desistir de seguir dilantando un procedimiento que se ha visto afectado por luchas y negociaciones políticas. Exigimos que además de priorizar el interés superior de la niñez en la discusión, contribuyan a evitar la impunidad y a que haya acceso a la justicia para las víctimas de abuso sexual, en especial adolescentes.
Sería un terrible precedente para el poder legislativo y sus representantes en este periodo, pero también para las instituciones mexicanas que se ignoren estos delitos por parte de quienes se escudan de su cargo para cometerlos. Demandamos que el fuero no sea utilizado para dejar impune un crimen en contra de las infancias, un daño de tal magnitud contra un adolescente al que las autoridades debían haber protegido.
Apoyamos la postura de la FGJCDMX y suscribimos el más enérgico rechazo al actuar político que ha entorpecido el proceso en detrimento de los derechos de la víctima y sus familiares, una actuación que niega deliberadamente el derecho de acceso a la justicia a la víctima y alienta la impunidad. No obstante, elevamos nuestra confianza en las autoridades del poder legislativo para que permitan que se haga justicia.
Atentamente
Tania Ramírez Hernández
Directora Ejecutiva
Red por los derechos de la infancia en México, REDIM
