La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) saluda con beneplácito la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León (CEDHNL) en relación al egreso indebido de un bebé menor de un año de edad del Centro de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes “CAPULLOS”, así como la sobre difusión y utilización de su imagen y datos personales en redes sociales, sin apego a la protección integral de derechos humanos y el principio de interés superior de la niñez establecido en la constitución federal.
Desde la sociedad civil compartimos la preocupación de la CEDHNL respecto al hecho de que personas en cargos públicos continúen haciendo un uso y abuso de su autoridad, capacidad y recursos para emprender campañas, presuntamente en beneficio de la niñez, pero que sólo han logrado revictimizar a las infancias en condiciones de vulnerabilidad como sucedió en el caso del bebé del DIF. Además de afectar distintos derechos como a la intimidad, a la protección de datos personales, a la propia imagen, a una vida libre de violencia, a la legalidad y a la dignidad. En particular con el caso del bebé del DIF, quien fue sustraído de manera irregular del Centro Capullos y expuesto sin ningún tipo de protección en plataformas digitales, usando su imagen en detrimento de sus derechos y para beneficio particular de una autoridad, cuya obligación —conforme al primero constitucional— es la protección de derechos. Esperamos que después del estándar de protección que marca esta recomendación, sea la última la vez que suceda.
Frente al uso exponencial de plataformas digitales y las múltiples problemáticas de la institucionalización de la infancia en el país, es muy importante que desde las Comisiones Encargadas de Protección de Derechos se plantee un estándar de protección amplio como el establecido en la recomendación, que no sólo beneficia el caso del bebé del DIF sino para todas las infancias tanto en lo que implica su resguardo en espacios en manos del Estado, así como la protección de su imagen y el cuidado de su huella digital y la exposición en redes sociales por parte de otras personas y que bajo los principios de legalidad y del interés superior de la niñez, se robustece en el caso de las personas servidoras públicas.
Firmemente consideramos al igual que la Comisión en que los parámetros planteados en la recomendación deben considerarse piso y no techo, por lo que el desarrollo ulterior en asuntos similares deberá tender a ser más robusto, complejo y con mayor profundidad avanzando de manera progresiva hacia la más amplia garantía de los derechos de las infancias, en los que debemos colaborar tanto autoridades como sociedad civil. Desde REDIM queremos respaldar el trabajo de las instituciones del Estado, quienes también son garantes de los derechos de la niñez y adolescencia, en este caso al organismo público de derechos humanos por su actuación en defensa de los derechos del bebé que fue sustraído, quien se encuentra en una institución a cargo del DIF local.
Mantenemos la exigencia de que se preserve el cuidado a la integridad personal y dignidad de niños, niñas y adolescentes que habitan en estos albergues, pues sabemos y hemos denunciado que la exposición y los maltratos que viven en estas instituciones constituyen auténticas violaciones a sus derechos humanos. Seguimos atentos y vigilantes al cumplimiento a las recomendaciones de la CEDHNL, principalmente en la restitución de los derechos de las víctimas, pues esto amplía y mejora las condiciones de la vida democrática en el estado y representa también un estándar de actuación para otras entidades del país.
Igualmente, rechazamos la postura del gobernador del estado de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, quien en vez de tomar positivamente las recomendaciones de una comisión de los derechos humanos, las cuales están basadas en un marco constitucional y de derechos humanos, minimiza el respeto a las normas que se le indican, aún en su condición de funcionario público. No valorar la actuación de una institución como la comisión de derechos humanos del estado, es contribuir a debilitar la buena salud del estado democrático. Necesitamos personas funcionarias públicas que entiendan y sean conscientes de que su rol como servidores y servidoras públicas no es la de sostener una visión caritativa de ayuda hacia las infancias, sino la de garantizar el respeto y el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia, de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley. Llamamos a las autoridades a comprender que las infancias no deben ser vistas como beneficiarias de obras generosas o caritativas, pues es esta mirada precisamente la que mantiene en abandono institucional a las infancias que están bajo el cuidado del Estado. Niñas, niños y adolescentes son personas sujetas de derecho que los Estados tienen la obligación de proteger y garantizar.
Enfatizamos que las personas servidoras públicas deben actuar a la altura de su deber constitucional que conlleva ser garantes de los derechos de la niñez. Por ello, les exhortamos a aceptar la recomendación de la CEDHNL en un sentido amplio y fortalecer, a su vez, su quehacer con un enfoque de derechos humanos y no asistencial o caritativo. Asimismo, extendemos nuestro apoyo técnico que permita la promoción y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en especial, para quienes se encuentran en albergues administrados por el Estado.
Tania Ramírez Hernández
Directora ejecutiva de la Red por los
Derechos de la Infancia en México (REDIM)
