Lunes, 23 de agosto
- Autoridades tienen la obligación de garantizar y respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes al velar por su seguridad y bienestar en un retorno seguro e incluyente.
- Resulta fundamental relacionar esta conversación pública con la necesidad de incluir a niñas, niños y adolescentes en la estrategia nacional de vacunación ante los 63,182 niñas, niños y adolescentes en México que habían sido infectados por el virus al 15 de agosto de 2021
A pocos días para el retorno de los niños, niñas y adolescentes a las clases presenciales en el país, la Red por los Derechos de la Infancia en México (#REDIM) pide a las autoridades e instituciones responsables de la protección de niñas, niños y adolescentes que se avoquen a la ejecución de un plan para el diagnóstico de condiciones, riesgos y ajustes en las escuelas. De igual forma, que se establezca un gran diálogo nacional en el que se escuche la voz de las comunidades educativas, principalmente las de niños, niñas, adolescentes; así como padres, madres, tutores o tutoras; docentes y personal educativo, para así lograr construir una estrategia de corto y mediano plazo lo suficientemente clara, segura y flexible, que permita evaluar y garantizar las mejores condiciones posibles para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022.
En #REDIM saludamos la decisión del gobierno federal de anunciar el retorno a las clases presenciales, como parte de la recuperación de la socialización que requieren nuestros niños y niñas para tener un desarrollo integral en sus vidas. Frente el aumento en la violencia domestica, así como en el trabajo infantil durante la pandemia, resulta fundamental recordar que las escuelas son también espacios de protección, en especial para las niñas. Consideramos que su retorno a las aulas ofrece a menudo mejores condiciones para mantenerles lejos de problemáticas que se repotenciaron en pandemia como el feminicidio, la violencia en el hogar, la pornografía infantil, el trabajo infantil, entre otros males que hoy los y las dañan.
Sin embargo, queremos dejar claro que el regreso presencial a las aulas debe hacerse con el más absoluto sentido de responsabilidad. Destacamos que las autoridades tienen la obligación de garantizar y respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes al velar por su seguridad y bienestar en un retorno seguro e incluyente. En términos de obligaciones positivas, hacemos referencia a las acciones que son necesarias para un retorno seguro a las aulas: las autoridades tienen que hacer todo lo necesario, desde el ámbito de sus competencias, para resguardar y proteger el interés superior de la niñez en este regreso a clases; con respecto a las obligaciones negativas, las autoridades deberán abstenerse de realizar cualquier acción que atente contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes o que tenga como efecto la discriminación u obstáculo para el ejercicio de derechos.
Ante el tiempo “ganado” en México para esta puesta en marcha, tenemos preocupación por la evidente falta de planificación y organización en la estrategia de regreso a las aulas en lo que debería ser una eficiente coordinación entre las secretarías de Educación, Salud y en general del propio Ejecutivo Federal. No observamos evidencias de una estrategia integral para garantizar que el inicio de las clases presenciales, a partir del 30 de agosto, cuente con todas las medidas que se requieren para asegurar de manera efectiva el acceso a los derechos a la educación y a la salud que deben tener los alumnos y alumnas en México, incluyendo el de la participación e información; de ahí la necesidad de una estrategia de avances progresivos. También nos preocupa la poca claridad que existe al momento sobre qué entidades del país podrán retomar las clases presenciales.
A pocos días del regreso a clases es inexcusable la falta información dirigida a niñas, niños y adolescentes en donde se les explique qué es lo que están a punto de vivir. Dejar esta labor a las familias no da cuenta de una política pública con perspectiva de derechos de la niñez. Los procesos de participación de la niñez en las decisiones que los afectan han sido escasos y sería muy positivo instalarlos como parte de la estrategia dialogada y progresiva que se establezca. Es insuficiente que las autoridades se limiten a publicar el calendario escolar o protocolos sanitarios genéricos, sin ofrecer más información y espacios de diálogo.
Resulta fundamental relacionar esta conversación pública con la necesidad de incluir a niñas, niños y adolescentes en la estrategia nacional de vacunación. Si bien saludamos que, frente al panorama descrito, desde la justicia mexicana se estén sentando precedentes para proteger a las infancias a partir de amparos que posibilitan la vacunación de niñas y niños en estados como San Luis Potosí o Oaxaca; esto dista mucho de ser una política de salud incluyente, por lo que alertamos sobre la posibilidad de que esta exclusión pueda materializarse en un acto de discriminación. Especialmente si se toma en consideración lo argumentado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en su comunicado 2321, donde señala que la vacuna Pfizer-BioNTech puede ser aplicada a personas desde los 12 años de edad. No es aceptable que las infancias y sus familias deban realizar un procedimiento judicial de difícil alcance como el amparo para tener acceso a este servicio de salud. La plena y adecuada vacunación del personal docente resulta crítica también en la actual situación.
Dicha preocupación se fundamenta en las propias cifras oficiales del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) sobre el COVID-19 que señalan que al menos 63,182 niñas, niños y adolescentes en México (11,746 de 0 a 5 años, 15,097 de 6 a 11 años y 36,339 de 12 a 17 años) habían sido infectados por el virus al 15 de agosto de 2021. Entre ellos destacan las lamentables muestres de 623 niñas, niños y adolescentes (343 de 0 a 5 años, 89 de 6 a 11 años y 191 de 12 a 17 años).
Nos vemos en la necesidad de alertar sobre este escenario, fuera de cualquier campaña de descrédito, al observar la dinámica de contagios sumada a la no vacunación de este grupo de población y a las afirmaciones del Ejecutivo sobre que sólo actuarán en la vacunación de niños, niñas y adolescentes, si se presente una “situación de gravedad”. No podemos esperar el peor escenario en contagios y riesgos de vida para actuar, en vez de prevenir.
Una estrategia coordinada y continuada será posible si se apuntala a la institución encargada de coordinar el quehacer público en materia de infancia y adolescencia: el SIPINNA. Este sistema cuenta con las características de coordinación interinstitucional, estrategia, diálogo y participación necesarios, por lo cual un SIPINNA en buen estado y con respaldo político público resulta más importante que nunca.
México está a tiempo de unirse a los países de América Latina que han comenzado a implementar la vacunación a menores de 18 de edad, tal como lo ha hecho El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay. También estamos frente a la oportunidad única de aprender de las buenas prácticas que en países de la región se implementaron ya para el retorno presencial a las escuelas.
Nuevamente, expresamos la disponibilidad de REDIM para contribuir a las reflexiones y decisiones que en estas materias pueden aportar las organizaciones de la sociedad civil en México para trabajar de la mano en favor de la promoción y garantía de los derechos de niñas, niños y adolecentes en el país.
Tania Ramírez
Directora Ejecutiva
Red por los Derechos de la Infancia en México (#REDIM)
