Miércoles 10 de noviembre de 2021.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) expresa su rechazo a la decisión de la Secretaría de Salud al impugnar, a través de un recurso de revisión ante el poder judicial, la sentencia emitida por el Juzgado Séptimo del Segundo Distrito del Estado de México, con sede en Naucalpan, quien el pasado 7 de octubre ordenó incluir a todos los niños, niñas y adolescentes, entre 12 a 17 años de edad, en el proceso de vacunación que se realiza en el país para que se cumpla, sin ningún tipo de discriminación.
Con preocupación observamos nuevamente la omisión del Estado de incluir a niñas, niños y adolescentes en la política de vacunación, en respeto a sus derechos humanos a la igualdad y a la salud.
Apoyamos la postura del poder judicial al considerar los derechos de niñas, niños y adolescentes, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 4° relacionado al interés superior de la niñez. La protección del derecho a la salud tiene una dimensión pública y social que obliga al Estado a atender con un enfoque de derechos los problemas de salud, así como establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, por lo que la Secretaría de Salud debe encontrar la manera de cumplir con este mandato y evitar ampararse en recursos para incumplir sus obligaciones. Si existe un problema de compra o abasto de vacunas, esto debe explicarse y administrarse; la solución no es excluir a ninguna persona de la política de vacunación.
Negar el acceso a la vacunación a la niñez y excluirlos de esta política de protección ha llevado a que más de 250 personas, menores de 18 años de edad, presenten amparos ante la justicia para obtener la vacuna contra COVID en México. Un gran número también ha viajado a los Estados Unidos para obtenerla. Nuevamente, quienes no tienen los recursos para optar por estas soluciones, quedan en desprotección.
Rechazamos la visión detrás de esta decisión, según la cual “no se puede definir una política pública, a partir del interés de una persona o de grupo”. Niños, niñas y adolescentes mexicanas son más que “un grupo”: representan, por lo menos, 38’247,958 personas, lo que significa el 30.4% de la población nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Incluirles debe acompañarse de la evidencia médica; difundida y transmitida apropiadamente para ellas y ellos, no sólo discutido en el mundo adulto; entendiendo la obligatoriedad en su inclusión, no de la aplicación, para no entender que “es un despropósito” vacunar a todos los niños, niñas y adolescentes contra el COVID.
Debe destacarse que, al 10 de octubre de 2021, un total de 77,913 niñas, niños y adolescentes en México habían sido infectados por COVID-19 (14,507 de 0 a 5 años, 18,818 de 6 a 11 años y 44,588 de 12 a 17 años). De éstos, 750 niñas, niños y adolescentes (400 de 0 a 5 años, 102 de 6 a 11 años y 248 de 12 a 17 años) habían muerto, según cifras del SIPINNA. Sin olvidar, además, que 1.5 millones de personas de 3 a 18 años en el país ya no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021 por motivos asociados al COVID-19. La afectación a la niñez y la adolescencia es evidente.
Es importante ubicar lo que, en otros países en especial de Latinoamérica, se está haciendo para proteger a las infancias del COVID-19. En al menos 18 Estados del mundo sí se está vacunando a poblaciones de menos de 18 años de edad, a partir de los 12 años. Tal es el caso de Uruguay, Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Además, de Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Dinamarca y Francia.
De esos países destacan quienes han aprobado vacunaciones para poblaciones más jóvenes como Chile, El Salvador y Ecuador, a partir de los 6 años. Adicionalmente, en Argentina y Colombia se aplica la vacuna contra este virus a todas las personas a partir de los 3 años de edad, mientras que en Cuba la edad es desde los 2 años. Por su parte, China, Emiratos Árabes Unidos y Israel, desde los 3 años, mientras que en México el Estado se niega a incluir a las infancias y adolescencias en la política de vacunación.
Ante este panorama consideramos urgente recordar que el jefe del Estado mexicano es igualmente presidente del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), una posición que le obliga a cumplir y garantizar el respeto al artículo 4º constitucional, relacionado al Interés Superior de la Niñez en el derecho a la salud, entendiendo que frente a otros intereses económicos, políticos o de cualquier índole, incluir y priorizar a la niñez es siempre la decisión correcta.
Tania Ramírez Hernádez
Directora Ejecutiva de REDIM
Red por los Derechos de la Infancia en México
