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Las crisis económicas determinan de manera
alarmante el crecimiento en el número de niñas
y niños que viven y trabajan en la calle, que
provienen de grupos familiares y de comunidades populares
que no logran proporcionarles los satisfactores básicos
y que –como resultado de una pobreza histórica–,
no cuentan con herramientas fundamentales para la
crianza y educación; por ello son comunes las
historias de maltrato, desintegración y/o abandono.
Las políticas públicas han puesto poca
atención a las condiciones que colocan a esta
población infantil en riesgo de vivir y trabajar
en la calle; de hecho, programas como el Progresa
(hoy Oportunidades) aún no operan en las principales
ciudades en donde se ha registrado la mayor presencia
de este fenómeno social, ni han sido diseñados
o adaptados para las características particulares
que presenta.
La infraestructura comunitaria (como son los centros
de servicio o las propias escuelas) es inalcanzable
para las familias de niños en riesgo de salir
a la calle o en muchos casos se encuentra subutilizada,
sobre todo porque no se orienta a prevenir las condiciones
de riesgo y porque prevalecen la desarticulación
entre los programas y los enfoques asistencialistas
o de corto plazo (determinados en buena medida por
coyunturas políticas).
El uso político y publicitario que algunos
actores públicos han hecho del tema de los
niños de la calle no se corresponde con una
inversión apropiada en infraestructura y financiamiento
para apoyar y complementar las acciones que realizan
los organismos no gubernamentales a quienes se les
ha adjudicado la responsabilidad de atender a la población
que ya vive y trabaja en la calle.
De
manera frecuente autoridades públicas, sobre
todo del ámbito local, realizan acciones que
violan sus derechos y les colocan en una posición
de mayor vulnerabilidad.
Un acontecimiento lamentable con esta población
ha sido la promesa incumplida del presidente Vicente
Fox quien en repetidos actos públicos ofreció
atención prioritaria a los y las niñas
de la calle; solicitando a las organizaciones una
propuesta de política pública y firmando
el 6 de marzo del 2001 un convenio público
para implementar el programa nacional “De la
calle a la vida”. Dicho programa se enfrentó
a un aparato de estado obsoleto y asistencial que
terminó por romper con las organizaciones,
convirtiendo “De la
calle a la vida” en un programa de corte asistencial
y estéril como política pública.
La falta de apoyo a metodologías apropiadas;
a través de una normatividad; adecuada que
permita obtener fondos públicos permanentes
y de buena calidad; coloca serios obstáculos
para lograr un mayor impacto en los esfuerzos para
revertir o contener los severos daños que padece
esta población (a su salud y a sus condiciones
generales de vida por causa de violencia, explotación
o discriminación) lo que lleva un mayor arraigo
a la calle y la presencia de formas más complejas
de vida callejera (jóvenes en la calle, madres
adolescentes callejeras y generaciones nacidas en
la calle).
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