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Pensar en la infancia y juventud callejera puede llevarnos
a lugares comunes, es decir, imaginar que este fenómeno
social tiene “solución” con medidas
asistenciales o que “sólo con amor”
estos chicos encontrarán su camino. Desafortunadamente
estas son las acciones que han impedido al país
enfrentar una realidad compleja y lacerante para miles
de niños, niñas y jóvenes en
todo el territorio nacional.
Con La Ciudad, sus Niños y la Calle, tercer
libro de la Serie: Infancia y Juventud Callejera,
Practica Social y Propuestas de Política Pública,
se recuperan las propuestas presentadas en 1999 al
gobierno de la ciudad, al tiempo que se presenta como
una plataforma para evaluar la eficacia y pertinencia
de diversas acciones de gobierno. Es sin duda un testimonio
de lo que falta por hacer en este rubro.
Al
recuperar uno de los primeros documentos de las organizaciones
sociales, es posible corroborar la urgente vigencia
de las propuestas referidas en este libro. Una de
las lecciones más evidentes es el impacto desfavorable
de la desarticulación, duplicación y
contradicción de esfuerzos con un mismo grupo
de niños. La poca continuidad de muchos programas
y la influencia de una cultura política clientelar
y competitiva, han generado un escenario en el cual
el niño callejero puede hacer uso de diversos
servicios asistenciales sin modificar su condición
de callejero, es decir, arraigando a los y las niñas
en la calles.
Desafortunadamente aún continuamos observando
que los programas oficiales dedicados a los “niños
de la calle” en todo el país, hacen gala
de duplicidad, desarticulación y contradicciones.
Por ejemplo, desde el DIF Nacional se impulsa el programa
asistencial “De la calle a la vida”, de
forma paralela la Secretaría de Desarrollo
Social está por instalar –en la ciudad
de México y en plena contienda electoral- 10
“Centros de Promoción para la Infancia”,
los cuales compiten con las acciones que por su parte
realizan el DIF local y las diversas delegaciones.
Si
resumimos los errores del poder con la población
callejera, encontramos que:
-
Carecen
de continuidad porque dependen de los tiempos
electorales.
-
No se retoman las experiencias que han demostrado
eficacia, sean públicas o privadas.
-
Son programas que exaltan la figura del funcionario,
buscando dejar una “huella personal”
en la intervención, es decir, “hacer
algo distinto” y/o “salir en la foto”.
-
Por lo general son acciones de asistencia social
que mantienen sin cambio la situación de
los niños, dejándolos en la dependencia
institucional o en la caridad pública.
-
El personal destinado para la atención
de la población no está preparado,
ni cuenta con el perfil u disposición para
enfrentar una problemática educativa tan
compleja.
El
cambio prometido en las campañas electorales,
está ausente. Nos enfrentamos nuevamente a
la realidad, un voto no cambia el mundo, no evitó
la salida de nuevos chicos y chicas a las calles.
Se necesitan propuestas, disposición política
y actores sociales para evitar que el tema de la infancia
y juventud callejera continúe siendo usado
como herramienta electoral y llegue algún día
a traducirse en políticas públicas para
la infancia en alto riesgo social. Es por lo anterior
que la Red por los Derechos de la Infancia insiste
en la necesidad de una política articulada,
integradora y sustentable a favor de esta población.
¿Qué papel le toca jugar a lo
público y lo civil?
El
reclamo frecuente de los gobernantes a las organizaciones
de la sociedad civil estriba en nuestra falta de sensibilidad
para entender los tiempos y acciones oficiales, por
lo que viven la observancia ciudadana como “un
coro de grillos y contestatarios”, perdiendo
la oportunidad de superar el discurso maniqueo y entender
que no se trata de desplazar al gobierno de sus responsabilidades,
como en algunos casos sugiere la lógica del
mercado, sino de crear dinámicas de colaboración
y mutua responsabilidad dirigidas a construir una
sociedad más justa y equitativa.
Sin
embargo, en estos últimos años las organizaciones
sociales dedicadas a la atención y desarrollo
de la niñez, se enfrentan a la carencia de
recursos para operar frente a un creciente monopolio
de las Fundaciones impulsadas por grupos de alto nivel
económico y político. Así mismo,
observamos una tendencia a convertir a las OSC’s
(Organizaciones de la Sociedad Civil) en OPS’s
(Organizaciones Prestadoras de Servicios), es decir,
convertirlas en “maquiladoras sociales”
al recibir pequeños recursos públicos
sin un marco jurídico adecuado para su labor,
perdiendo en el camino su espíritu de servicio
e innovación que les caracterizaba.
Criterios
mínimos de una política social dirigida
al fenómeno callejero
Pensamos
que el éxito de una política pública
depende en gran medida en la coherencia que logre
consolidar entre lo estratégico y lo operativo.
De forma frecuente las políticas sociales se
elaboran a nivel central esbozando líneas generales
de acción frente al fenómeno social.
Sin embargo al no contemplar los mecanismos operativos
a través de los diversos niveles del Estado,
es común encontrar acciones contradictorias
o duplicidades en los diversos aparatos públicos.
Por lo que cualquier acción oficial debe cumplir
con lo siguientes criterios:
-
Calidad:
Propuestas basadas en un mínimo de conocimientos
y experiencias, sobre todo de quiénes trabajan
con los niños y niñas y de ellos
que sean consecuentes con una concepción
filosófica como la que expresa la Convención
de los Derechos de la Niñez, en particular
con la noción del interés superior
del niño.
-
Pertinencia: Propuestas que sean adecuadas a las
necesidades de la población de niños
y niñas en general, pero también
que den cobertura a los perfiles específicos
tanto en la actualidad como en perspectiva a futuro.
El criterio de pertinencia implica también
la adecuación a la Convención de
los Derechos Humanos de la Niñez como base
de trabajo.
-
Relevancia: Implica buscar las propuestas más
significativas para los niños y niñas,
que destaquen por su nivel de importancia sobre
otras.
-
Presupuesto: No existe política social
sólida sin los recursos económicos
que la coloquen en el tiempo, recursos públicos
que respondan en monto y disponibilidad a la importancia
estratégica que representa la infancia
en riesgo social.
-
Marco Jurídico: Fundamentar las políticas
sociales en el espíritu de la Constitución,
la Convención de los derechos de la niñez
y los acuerdos internacionales firmados por nuestro
país.
-
Transparencia: Tener claramente establecidos los
mecanismos de rendición de cuentas en el
ejercicio presupuestal, la evaluación y
la solidez en los resultados presentados.
-
Visón a futuro: Acciones no cimentadas
sobre la persona de un funcionario o grupo de
interés –típico del uso electoral-,
sino en la posibilidad de impacto en varios años
de intervención, es decir, más allá
de las administraciones.
Propuestas de acción inmediata frente al fenómeno
de la infancia y juventud callejera:
Reconocer
la complejidad del fenómeno social, particularmente
la presencia cada vez mayor de niños menores
de cinco años nacidos en las calles, que nos
habla del ejercicio de vida sexual y particularmente
de algo que ya no se puede ocultar: la creciente presencia
de jóvenes mayores de 18 años que están
insertos en esta cultura callejera.
Buscar
los mecanismos de articulación entre los esfuerzos
públicos y privados, sobre la base de los criterios
de calidad, pertinencia, relevancia, presupuesto,
marco jurídico, transparencia y visión
a futuro.
Por
último hacemos un llamado a los Partidos Políticos,
Secretarías de Estado, Presidencia y Gobiernos
Estatales a evitar y sancionar en su caso, el uso
de la población callejera como herramienta
electoral. Particularmente, invitamos a presentar
sus programas o iniciativas destinadas a la infancia
y juventud callejera fuera de los tiempos de la contienda
electoral.
Atentamente,
Red
por los Derechos de la infancia en México
El Caracol AC
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