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Una mirada en México
Sin
avances en las leyes
En
mayo se anunció que, después de que
se realicen las elecciones federales de julio, el
gobierno de Fox pondrá en marcha un nuevo programa
social denominado "Paquete Alcance", mismo
que fue inmediatamente cuestionado por diversos sectores
ya que consiste, principalmente, en otorgar $5.40
pesos diarios para cada una de 300 mil familias más
pobres del país, poniendo en evidencia la dificultad
de que ese sólo esquema pueda ayudar a esta
población a superar la situación de
pobreza en que está inmersa. Mientras tanto,
la información daba cuentas de que más
de la mitad de los niños y niñas en
México viven con problemas de desnutrición.,
12 millones de personas sobreviven sin agua potable,
en las áreas indígenas la mortalidad
materna triplica la media nacional y 818 mil niños
de entre 12 y 14 años trabajan.
No
obstante en la medida en que fue avanzando el mes
otros debates más cercanos al la dinámica
electoral fueron ocupando los espacios importantes
en los medios de comunicación y - como suele
suceder en estos casos, los temas sobre infancia pasaron
a planos secundarios. Un vistazo a la propaganda electoral
que ha sido transmitida a través de los medios
de comunicación masiva durante este período,
nos muestra que muy pocos han sido los partidos políticos
que han hecho referencia a problemas específicos
de la infancia mexicana, destacando más bien
el predominio - ya advertido por el IFE y diversos
analistas- de campañas mercadológicas,
que en muchos casos carecen de propuestas.
La escasez de referencias a la infancia en las campañas
políticas parece ser un reflejo del poco interés
que se la ha brindado a la agenda sobre sus derechos
en legislaturas tanto federales como estatales. Si
bien las campañas en medios contrastan con
las plataformas electorales de las tres principales
fuerzas políticas, mismas que en mayor o menor
medida incluyen compromisos relacionados con los derechos
de la infancia; se ha hecho costumbre que tales compromisos
no sean atenidos una vez que se desarrollan los trabajos
legislativos.
Así
lo muestra el hecho de que la LVIII legislatura de
la Cámara de Diputados que concluyó
en abril pasado arrojó como saldo sólo
dos iniciativas de ley, referidas a la infancia, aprobadas
: la fortificación de harinas y la educación
preescolar obligatoria. No obstante respecto de esta
última organizaciones de madres educadoras
han cuestionado la medida que hace obligatorio este
nivel de educación, pero no provee los recursos
necesarios para garantizar su cumplimiento; lo que
pone a cientos de centros educativos populares en
riesgo de cerrar ante la falta de apoyos para alcanzar
una certificación, hecho que dejaría
sin atención a miles de niñas y niños
que hoy son atendidos en tales espacios.
A nivel de los congresos locales no hubo mejor suerte;
al parecer no son más de 6 los Estados de la
República que han creado leyes estatales de
protección de los derechos de la infancia -
sin descontar que en la mayoría de los casos
se trata de leyes sólo de protocolo que, para
variar, no cuentan con los mecanismos apropiados para
garantizarlos. En dos Estados de la República
en particular, Jalisco y Oaxaca, en los últimos
meses se generó una intensa actividad tanto
de parte de legisladores como de ONG's y otros actores
locales en materia de derechos de la infancia.
En el caso de Jalisco, conforme se han ido acercando
las elecciones, se han debilitado las condiciones
favorables en el Congreso local por aprobar el dictamen
de la iniciativa para crear la ley de protección
de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Por otro lado, dicha iniciativa presenta serias debilidades
señaladas por las ONGs agrupadas en la Red
por los Derechos de la Infancia Jalisco, que pondrían
en riesgo su capacidad de aplicación; además
de que ha existido la tendencia de convertirla en
un capítulo dentro de la ley de asistencia
social del Estado - que sería una forma de
negar el reconocimiento pleno de los derechos de la
infancia - en lo que parece ser un reflejo de las
pugnas que se registraron a nivel federal entre dos
iniciativas de ley (la de asistencia vs. la de desarrollo
social) que parecen dividir incluso a funcionarios
dentro del propio gobierno federal.
En Oaxaca las ONGs que conforman el Foro de la Niñez
Oaxaqueña (FONI) tuvieron una fuerte influencia
para lograr que se aplazara una iniciativa de ley
sobre infancia, que más bien parecía
restringir los derechos garantizados en la Convención
de los Derechos del Niño. Autoridades del Estado
decidieron convocar, junto con el FONI, a un foro
para recoger propuestas sobre la ley de donde se espera
surja una iniciativa de mejor calidad que la original,
en términos de protección de derechos.
No obstante a los esfuerzos señalados, se mantiene
la tendencia a nivel general en la que los temas legislativos
que mayor éxito tienen son los que se dirigen
a criminalizar a la infancia, en particular los que
suponen - en abierto contraste a los estudios nacionales
e internacionales, que bajar la edad penal solucionará
los problemas de inseguridad que se viven en todo
el país. Lo más grave es que esta tendencia
traspasa el ámbito de lo legislativo y va afectando
paulatinamente las políticas públicas
y la cultura de respeto de los derechos del niño,
lo que ha llevado a que en diversos ámbitos
se restrinjan las garantías de la infancia
bajo el supuesto de aumentar la seguridad.
De ahí que sea importante el pronunciamiento
del ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza,
en la presentación de su informe anual de actividades,
sobre el falso dilema implícito en la iniciativa
que promueve la garantía de seguridad a cambio
de reducción y condicionamiento de otros derechos
fundamentales, en donde asevera que no es posible
disociar la promoción de la seguridad pública
del respeto a los derechos humanos y denuncia que
acciones como la "operación mochila segura"
o las revisiones aleatorias en las calles corresponden
a una política de vigilar y castigar, como
uno de los principales métodos, que puede provocar
consecuencias más graves que los problemas
que intenta resolver.
De la calle... al olvido
Los
compromisos internacionales en materia de derechos
de la infancia se acumulan con el paso del tiempo
y las políticas públicas no parecen
cercanas a la resolución de los problemas a
los que se dirigen, cualquier problema que miremos
pareciera ejemplificarlo.
Por ejemplo, en el mes de mayo el gobierno federal
inauguró el primer Centro de Promoción
para la Infancia en Situación de Calle Matlapa,
de los diez que a lo largo del 2003 quedarán
instalados en el DF como un nuevo intento de coordinación
entre el gobierno y organizaciones de sociedad civil.
No
obstante, esta acción ocurre en medio de grandes
controversias. Por un lado, en el terreno de los aciertos,
vemos que este pequeño grupo de organizaciones
contará con la posibilidad de acceder a fondos
cercanos a los dos millones de pesos durante lo que
resta del 2003, Matlapa significará la oportunidad
de contar con recursos para el sostenimiento y ampliación
de sus programas (en un contexto de enorme crisis
de financiamiento para el sector de ONGs), además
de que algunas de estas organizaciones incursionarán
por primera vez en el ámbito de la infancia
en situación de calle, en lo que ven como una
oportunidad de poner a prueba modelos que han dado
resultado en otros campos de acción.
Pero
por otro lado, la medida deja fuera de estos beneficios
a una gran cantidad de ONGs de todo el país
que desde hace muchos años desarrollan programas
a favor de miles de niñas y niños que
viven o trabajan en la calle, cuyos modelos reconocidos
en diversos ámbitos también tendrían
todo el derecho de contar con este tipo de recursos.
Lo más grave de todo es que, al parecer, una
de las principales razones que motivaron la decisión
de promover dichos centros solamente en el DF, no
tiene que ver con un diagnóstico sólido
sino con la preocupación que ha despertado
dentro del gobierno federal los altos índices
de popularidad alcanzados por el Jefe del gobierno
capitalino; mismo que uno de sus puntos débiles
parecer ser la ausencia de una política pública
para atender al fenómeno de la infancia en
situación de calle. En otras palabras, la iniciativa
parece apuntar más bien a fortalecer imagen,
presencia y posiciones hacia las elecciones del 2006.
Adicionalmente
la medida dejó de lado un nuevo intento de
negociaciones del gobierno federal con ONGs que operan
en diversos Estados de la República que se
venía realizando a finales del 2002, orientado
a crear una política pública de largo
plazo y con diversas líneas de intervención
para atender a la problemática que determina
la presencia de niños que viven y trabajan
en las calles de las principales ciudades del país.
Este nuevo intento – ahora fracasado, tuvo como
interlocutor principal en esta ocasión a la
Secretaría de Desarrollo Social, lo cual se
suma al fracaso que ya había ocurrido tiempo
atrás en un intento parecido con el DIF, mismo
que derivó en un programa de muy bajo alcance
y sin presupuesto público determinado, en donde
lo único que quedó de la aportación
ciudadana fue el nombre: “de la calle a la vida”.
Lo
que también parece haber ocurrido es que con
Matlapa se le ha restado al DIF la hegemonía
que tenía en la atención a los niños
en situación de calle, por lo menos desde una
perspectiva federal.
Desde
otro plano, la situación anterior parece ser
meramente un ejemplo de un fenómeno más
grave y generalizado: la escasez de recursos apropiados
para el sostenimiento de los programas de ONGs, además
de que se ha visto agravada por la incursión
de fundaciones como Vamos México - que ha provocando
que recursos privados que anteriormente se dirigían
a las ONGs sean canalizados a este tipo de iniciativas-
las coloca cercanas a nuevas formas de clientelismo
político a través de fondos públicos
que transfieren a las ONGs cargas burocráticas
que nada tiene que ver con la transparencia y la rendición
de cuentas y que – contrario a las aspiraciones
más vigentes, dan la impresión de debilitar
el tejido social.
Esto,
junto con otros factores que en otro momento podremos
reflexionar,explica en parte la escasa participación
de ONGs que trabajan a favor de la infancia dentro
de espacios que tendrían relevancia para promover
los derechos humanos de niñas y niños
mexicanos.
Dos
de esos espacios muy relacionados entre sí,
de los que vale la pena hablar, son por un lado las
mesas instaladas este año dentro de la Secretaría
de Gobernación dirigidas a crear la agenda
de derechos humanos y, por otro, el proceso de diagnóstico
de los derechos humanos en México.
Dentro de las mesas instaladas como parte del “Diálogo
Nacional sobre Derechos Humanos para la Elaboración
de una Agenda de Acciones Inmediatas del Gobierno
Federal, en el Marco del Acuerdo Político para
el Desarrollo Nacional”, existe una relacionada
con los temas de infancia que tuvo una primer reunión
en el mes de mayo. En una reunión previa el
área responsable de este proceso dentro de
la Secretaría de Gobernación había
presentado un documento que incluye algunos temas
iniciales de agenda de derechos humanos, con un capítulo
sobre infancia, que en teoría recoge los aportes
de un proceso similar que durante 2002 se realizó
dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Sin embargo, para algunas de las propias ONGs que
participaron en las mesas citadas, los temas incluidos
en la agenda se ven alejados de las prioridades tratadas
durante 2002. En efecto, una lectura de los temas
incluidos en el documento muestra que estos parecerían
más propios de una campaña de comunicación
social que de prioridades para las acciones inmediatas
en esta materia, sobre todo cuando existen importantes
recomendaciones de parte del Comité de los
Derechos del Niño de la ONU, que aún
no han sido atendidas. Pero también llama la
atención que tanto el año pasado, como
en las primeras reuniones de este año, el grueso
de ONGs que trabajan en favor de los niños
no participen en este espacio o que representantes
de otras que estuvieron presentes en ese entonces
no muestren mucha credibilidad en que se pueda lograr
algo sustancial de ello.
Tampoco ha habido una actividad importante de parte
de las ONGs relacionadas con el infancia dentro del
proceso de elaboración del diagnóstico
de la situación de los derechos humanos en
México que es un acuerdo del gobierno mexicano
con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos y cuyo propósito es contar
con un insumo para la elaboración del Programa
Nacional de Derechos Humanos.
Para este diagnóstico se nombraron a 4 expertos
que, entre otras cosas, tendrán el cometido
de consultar a activistas de derechos humanos para
su elaboración. De ahí que algunas organizaciones
de derechos humanos mexicanas han comenzado a tener
ya algunos encuentros con los expertos que han parecido
más interesados en el diálogo. Para
el caso particular de los derechos de la infancia,
aún no ha habido mucho acercamiento entre el
experto encargado y las ONGs dedicadas a este tema.
La falta de una real política pública
que de cumplimiento a los compromisos establecidos
en diversos tratados internacionales sobre los derechos
de la infancia hacen necesario que espacios como los
señalados se puedan aprovechar para insistir
en ello, sobre todo cuando en México el Programa
Nacional de Acción en Favor de la Infancia,
que fue presentado pomposamente en diciembre pasado,
no ha significado a la fecha mejoramiento alguno en
las políticas públicas en este ámbito.
El Consejo Nacional para la Infancia y la Adolescencia
(COIA), por ejemplo, tiene un mandato muy débil
para atender a dichos compromisos, a pesar de ser
ésta una instancia que reiteradamente se ofreció
por parte del ejecutivo federal, como la rectora de
las políticas públicas sobre infancia.
Al ritmo que va el COIA, al pasar de la Presidencia
de la República (y quedar por mucho tiempo
acéfala) a la Secretaría de Desarrollo
Social, todo parece indicar que será una instancia
que al igual que su antecesor CNAFI (en tiempos de
Salinas y Zedillo) sólo funcionará en
el momento de que es necesario simular ante el Comité
de los Derechos del Niño de la ONU sobre avances
en el cumplimiento de la Convención que sólo
ocurren en la cabeza de los funcionarios públicos.
Ya veremos si esta tendencia cambia, sobre todo porque
cada vez esta más cerca la fecha en que el
gobierno mexicano presente su tercer informe a dicho
Comité, que originalmente tendría que
haber sido presentado desde octubre de 2002.
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